Visto para sentencia el juicio por delito ambiental en la planta de compostaje de Fuentepelayo

Visto para sentencia el juicio celebrado durante el día de ayer, por espacio de seis horas y media, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, contra el responsable de la planta de compostaje de Fuentepelayo, Juan Francisco Cárdaba, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Ministerio Público y las acusaciones de la plataforma ‘No más mierda’, el Ayuntamiento de Fuentepelayo y Ecologistas en Acción ratificaron su petición de dos años de cárcel, una multa económica y seis años de inhabilitación para la gestión de residuos.

El presidente de la plataforma vecinal ‘No más mierda’, José Luis Ordóñez, confía en obtener una sentencia condenatoria, tras escuchar, en la vistas oral, a los 15 testigos y especialmente la prueba pericial de la Fiscalía, con el testimonio de los dos técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que “desbarataron una a una las pretensiones de la defensa que se basaban en afirmar que no hubo contaminación del suelo”.

Según Ordóñez, en el juicio quedó claro que sí hubo contaminación en las parcelas donde se almacenaron los residuos. “Los técnicos aseguraron que tuvo llegar a ser gravísima sino hubiera sido por la intervención y las actuaciones que emprendimos desde la plataforma vecinal”, resumió. El acusado sólo respondió a las preguntas planteadas por su defensa.

Desde las 9.30 y hasta las 16.00 horas, esta vista oral abordó si existió un posible daño al medio ambiente por la gestión inadecuada de la planta de compostaje de Fuentepelayo que, según las acusaciones, en vez de hacer abono orgánico se dedicó a amontonar los materiales sólidos en numerosas parcelas agrícolas de los municipios de Aguilafuente, Zarzuela del Pinar y Fuentepelayo, más el vertido directamente a las tierras de los residuos recibidos en forma de lodos y líquidos.

Además de la petición de cárcel e inhabilitación al propietario de la planta, Juan Francisco Cárdaba, se pide a la jueza que condene a la sociedad anónima Agramán, a una multa económica y que no pueda hacerse cargo de proyectos relacionados con la gestión de residuos.