UPyD presentó hoy recurso ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia para pedir que declare a Bankia partícipe a título lucrativo en el caso de Caja Segovia y la hipoteca del Torreón de Lozoya. El juez que instruye el proceso le retiró la imputación a esta entidad el pasado martes al considerar que el presunto delito de administración desleal que se está estudiando no puede ser cometido por una persona jurídica, tras la última reforma del Código Penal, “pero sí se benefició de toda la operación”, destacó la portavoz municipal de la formación magenta, Luciana Miguel.
Asimismo, UPyD presentará una moción en el próximo pleno ordinario (en principio se celebrará el 31 de julio) para pedir al Ayuntamiento que se persone en los casos de Caja Segovia. Y también pretende que se suspendan los convenios de colaboración con Bankia para “no ser cómplices de su lavado de cara a un coste tan bajo, cuando el daño es tan grande y aún está por decidirse si ha participado a título lucrativo”, añadió en declaraciones a Ical.
El llamado ‘Caso Navicoas’ se centra en una operación por la que Caja Segovia decidió cargar con la deuda tributaria de una sociedad de la que participaba, Navicoas Asturias, suscribiendo un préstamo con Bankia que además incluía como aval el emblemático torreón de Lozoya, entre otros inmuebles. Asumió así el abono de 6,8 millones, sin traspasar la carga a Bankia, a pesar de que tras el proceso de integración no iba a tener capacidad para generar recursos con los que asumir después la devolución del préstamo, ni Hacienda le había reclamado ninguna responsabilidad subsidiaria respecto de Navicoas.
Respecto al recurso presentado, Miguel matizó que no pretenden que el juez se replantee la imputación de Bankia: “Aceptamos la argumentación jurídica porque así lo dice la norma penal, pero que considere la posibilidad de atribuirle un beneficio en toda la operación, como partícipe a título lucrativo, aunque no sea autor del delito”. De este modo, “si se admitiera el recurso sería posible que tuviera que devolver todo el dinero que ha ganado con la hipoteca del torreón”.
Por otro lado, sobre la principal moción que llevarán al próximo pleno, la portavoz de UPyD recordó que ya conocen la postura del equipo de Gobierno (PSOE), contraria a personarse en los casos de Caja Segovia, pero quieren conocer “la voluntad y el posicionamiento” del resto de partidos, ya que además los socialistas no cuentan con mayoría absoluta. “Nos gustaría convencer al resto de fuerzas de que el Ayuntamiento está también para defender el interés general y no sólo de los perjudicados por lo que ya pasó, sino por los que están sufriendo que la nueva entidad (la Fundación Caja Segovia) no pueda hacer su labor social porque está gravada con una hipoteca que también es fruto de una irresponsabilidad política”, argumentó.
En cuanto a la colaboración del Consistorio con Bankia, UPyD pretende que se mantengan suspendidos todos los convenios hasta que esta entidad “devuelva” el torreón. “Sabemos que ya existen convenios a cambio de que su imagen corporativa esté prácticamente en todo, y no me parece lógico ser cómplices de su lavado de cara a un coste tan bajo cuando el daño es tan grande, y aún está por decidirse si ha participado a título lucrativo”, incidió Miguel. “Nosotros pensamos que sí es partícipe y así se lo planteamos al juez en el recurso, así que pretendemos que se suspenda todo tipo de convenio y se busque financiación con otras entidades, que las hay”.
Por otra parte, Miguel recordó que en el caso Navicoas están imputados “de forma genérica” todos los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la operación por la que se hipotecó el torreón. Y como apuntó el juez en su último auto, en lo que queda de instrucción esa “imputación genérica” deberá ser “concretada e individualizada en su momento”, en caso de que persistan los indicios de administración desleal. Entre los exconsejeros imputados están el actual portavoz del Grupo Popular en la Diputación, José Luis Sanz Merino, y el vicepresidente de la misma institución, Miguel Ángel de Vicente. “Ni los exconsejeros ni sus partidos han querido asumir responsabilidades políticas hasta el momento, pero deberán hacerlo si finalmente son procesados”.
En este sentido, Miguel afirmó que UPyD reclamará sus dimisiones si se llega a ese caso, “porque sería gravísimo e inadmisible que dos personas con puestos de responsabilidad tan altos sigan ahí si son procesados, dado que entonces podrían llegar a ser condenados”. “No se puede dar esa circunstancia por una cuestión ya no sólo de estética, sino de asunción de responsabilidades políticas”, subrayó la portavoz de la formación magenta, que además cree que se trata de “un supuesto que ya no está muy lejos de aclararse, porque el procedimiento está ya muy avanzado”.
