La Audiencia Provincial de Segovia ha aplazado hasta el próximo 8 de octubre el juicio por la muerte a golpes de un joven en Chañe en mayo de 2011 ante la incomparecencia de dos de los cinco acusados en la vista oral celebrada este martes. En la causa, aparte del presunto autor material del homicidio (para el que se piden 12 años) y dos amigos de éste a los que se acusa de omisión del deber de socorro (los dos incomparecientes), están imputadas dos técnicos de Sacyl que se enfrentan a sendas penas de 18 meses de prisión por, presuntamente, confundir con una intoxicación etílica el estado de la víctima, que falleció al día siguiente por una larga lista de lesiones.
V.C.Z., de 30 años y nacionalidad rumana, sufrió una doble fractura craneal, “diversas erosiones, excoriaciones, eritemas y hematomas en mandíbula, párpado derecho, rodilla izquierda, cresta ilíaca izquierda, ambas manos y brazos”, además de daños en un riñón y el hígado, según reveló la autopsia. Así lo recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, donde añade que las dos técnicos de transporte sanitario, sin titulación médica “ni medios técnicos adecuados para examinar al paciente”, hicieron “una somera exploración” y dedujeron que sólo estaba bebido.
Sin embargo, las dos técnicos, que están acusadas de homicidio por imprudencia grave y entonces trabajaban para una concesionaria de Sacyl (del grupo Ambuibérica), aseguran que el agredido no presentaba semejantes lesiones cuando le atendieron. Un argumento que coincide en buena parte con el del presunto autor material del homicidio, C.V.D., de 43 años, quien ha estado en prisión provisional hasta hace once meses (de mayo de 2011 a octubre de 2013) y afirma que sólo dio “un tortazo” a V.C.Z. al salir de un bar de Chañe.
En este sentido, la abogada defensora del presunto homicida, Julia González Herrero, sostiene que “un autor desconocido” tuvo que infligirle esa “descomunal paliza” en las seis horas que transcurrieron entre la primera asistencia de Sacyl y la siguiente, cuando un médico decidió el traslado al hospital.
Más de 200.000 euros en indemnizaciones
En total hay ocho imputados, pero tres de ellos (por omisión del deber de socorro) no fueron citados por estar declarados en rebeldía, al encontrarse en paradero desconocido; en el momento del suceso, todos residían en Pedrajas e Íscar (Valladolid) menos las técnicos de Sacyl, que viven y trabajan en la provincia de Segovia. Y también se prevé tomar declaración a 27 testigos (23 a petición de la Fiscalía y cuatro de la acusación particular) en un juicio presidido por el magistrado Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial, en el que se reclaman 210.000 euros en indemnizaciones a la familia del fallecido con Sacyl como responsable civil subsidiario.
Las partes acordaron la suspensión en una breve vista en la que las defensas alegaron que los testimonios de los dos acusados ausentes son “imprescindibles” para el desarrollo del juicio. Además, como explicó después Pando en declaraciones recogidas por Ical, al tratarse de un procedimiento sumario (no abreviado), todos los procesados habrían tenido que volver a declarar cuando se celebraran las sesiones aplazadas.
Los dos incomparecientes, que al igual que el presunto autor material del homicidio y la víctima son de nacionalidad rumana, justificaron su ausencia en un malentendido con la fecha o el lugar de la celebración de la sesión. Uno de ellos reside y trabaja en Sevilla, sostiene que creía que estaba citado para un día más tarde y la Audiencia ha ordenado su detención para garantizar que asista al juicio en las sesiones reprogramadas para los días 8 y 9 de octubre; y el otro se encontraba en Cuéllar, llegó finalmente con retraso y, además, una vez en el Palacio de Justicia de Segovia, confundió un receso con la suspensión definitiva y se marchó.
En la vista sólo se tomó declaración finalmente a una hermana de la víctima, que se había desplazado de propio desde Rumania y sólo debía ratificar la reclamación de responsabilidad civil, de ahí que no se pusieran objeciones al anticipo de su testimonio. No así en el caso de los dos acusados que no comparecieron porque, como expuso el abogado Miguel Tovar, defensor de uno de ellos, “se habría desvirtuado la prueba” en caso de celebrarse la sesión sin ellos.
Los hechos
El suceso se originó en un bar de Chañe (‘El pino’, también conocido como ‘La discoteca’) durante la madrugada del 8 de mayo de 2011. Según relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, la víctima y un amigo (V.I.) se acercaron a una mujer que formaba parte del grupo en el que estaban el presunto homicida y dos acusados más (M.F.G. y C.M.), así como los tres declarados en rebeldía, “lo que motivó una disputa verbal”.
Cuando el bar cerró sobre las 2.00 horas, uno de los acusados reclamó a V.C.Z. y V.I. que salieran a la calle. El segundo se negó por temor a ser agredido y llamó por teléfono a unos amigos para que fueran a recogerle pero, mientras tanto, V.C.Z., que estaba “embriagado”, salió a la calle y fue golpeado “repetidamente” por C.V.D. “con un objeto contundente y con gran violencia en la cabeza y por todo el cuerpo, tirándolo al suelo, donde quedó tendido inconsciente”.
Los acusados “huyeron” del lugar y poco después salió del bar V.I., que dio aviso al 112 a las 2.50 horas. Sacyl envió una ambulancia con dos técnicos de transporte sanitario, que “a pesar de no tener ninguna titulación médica ni medios técnicos adecuados para examinar al paciente, y con iluminación escasa, hicieron una somera exploración” a V.C.Z., según prosigue el Ministerio Fiscal.
“A pesar de ser informadas de la existencia de una agresión a éste (…) se limitaron a subirle la camiseta para buscar signos de violencia y, no encontrándolos en el tórax y la espalda, transmitieron a la médico regulador que el paciente únicamente tenía una intoxicación etílica, sin mencionarle siquiera la posibilidad de que hubiera sido golpeado”. El diagnóstico inicial se dio por bueno y no se ordenó el traslado a un centro médico, “imposibilitando así que V.C.Z. hubiera recibido una asistencia médica y una intervención quirúrgica que, realizada con carácter inmediato, hubiera aumentado sus posibilidades de supervivencia”.
El agredido fue trasladado en coche por un amigo a casa de su tío N.A., quien lo dejó tendido en el suelo del cuarto de baño sobre una manta y una almohada hasta que horas después, sobre las 9.30, vio que se encontraba “inconsciente y prácticamente agonizante” y avisó de nuevo al 112. El médico que acudió entonces comprobó que V.C.Z. se encontraba en parada cardiorrespiratoria, consiguió su reanimación y ordenó su traslado; primero ingresó en el Hospital General de Segovia y después fue derivado al Río Hortega de Valladolid, donde se certificó su muerte a las 9.21 horas del 9 de mayo.
“¿Cómo iban a pasar desapercibidas unas lesiones tan bestiales?”
En tales circunstancias, el destino del presunto homicida queda en cierto modo ligado al de las técnicos de Sacyl, cuyos testimonios son considerados por la defensa como una prueba de que su cliente no pudo ser el autor material de la agresión que causó la muerte a V.C.Z. En concreto, la letrada defiende que “una paliza tan descomunal” no habría pasado desapercibida en la primera exploración.
“Para una condena de esta naturaleza uno tiene que estar absolutamente seguro de la autoría, y en este caso hay pruebas muy evidentes de que él no fue el autor, sino alguien desconocido”, apuntó Julia González en declaraciones a Ical. En su opinión, por tanto, “esas lesiones tan bestiales” tuvieron que ser producto de una agresión posterior “en el lapso de tiempo que hay, de unas seis horas, entre la primera ambulancia y la segunda”.
La incógnita queda así sobre la mesa y su resolución, en principio, tendrá lugar en la sala de vistas de la Audiencia Provincial los próximos 8 y 9 de octubre.
