Hace unos días, en otro artículo de opinión, expresaba una cierta satisfacción con el comportamiento favorable que en los últimos meses había tenido el empleo en España y, al mismo tiempo, manifestaba mi sentimiento de lo estimulante que resulta empezar a ver los beneficios de la trascendente reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular. Reforma que, junto con otras muchas y con el significativo aporte de sacrificio y esfuerzo de los españoles, nos ha llevado a poder afirmar que España está en la senda acertada. También destacaba el descenso del paro juvenil en 39.000 jóvenes en lo que va de año y anunciaba, de igual modo, la inminente puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El Gobierno de España siempre ha tenido como preocupación principal la recuperación económica y el empleo, con especial énfasis en el juvenil. Prueba de ello es la batalla que ha planteado en Bruselas defendiendo con empeño la necesidad de impulsar y poner en marcha, definitiva e inmediatamente, una iniciativa de empleo juvenil para hacer frente con determinación a este desmesurado problema que en España soporta una tasa de paro superior al 50%. Y otra gran preocupación es el alto porcentaje de abandono escolar que también supone un gran fracaso a raíz de la aplicación de políticas educativas caducas, y para el que ya se han adoptado soluciones con la puesta en marcha de otra de las actuales reformas acometidas a través de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ambas reformas, la laboral y la educativa, mantienen una estrecha interconexión porque la oferta de trabajo cada vez exige más formación, y con una educación adecuada se lograría reducir la tasa de desempleo juvenil significativamente. La juventud es el porvenir y por ello hay que brindarla el máximo posible de oportunidades basadas en la formación y el empleo para evitar así caer en la marginación y en la exclusión social. En la educación está el futuro.
El pasado día 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó un programa que, en sí mismo, resulta doblemente alentador, tanto por el importe de los créditos destinados al fin que persigue como por el colectivo al que va dirigido, que no es otro que el de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, un sector muy necesitado de políticas eficientes que ayuden a paliar las necesidades del mismo.
El empeño del Gobierno ha dado sus frutos y ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que persigue que los jóvenes entre los 16 y los 25 años de edad reciban una oferta de empleo de calidad, formación permanente y aprendizaje. Para dicho Programa España va a destinar inicialmente la suma de 1.880 millones de euros dedicados a facilitar la contratación de jóvenes que no estén ocupados y que no obtengan ningún tipo de formación, de tal forma que puedan recibir una buena oferta de empleo, educación continua, o un periodo de formación o prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados.
A través de dicho Sistema Nacional de Garantía Juvenil se implementan los incentivos a la contratación indefinida de jóvenes; entre otras medidas, los menores de 25 años podrán registrarse en un portal único para recibir, en un plazo no superior a cuatro meses, ofertas de formación, prácticas o empleo. En el caso de contratación indefinida se bonificará con una tarifa joven de 300 euros durante 6 meses, esto es, 1.800 euros en total, impulsando también la Formación Profesional Dual con una deducción del 100 por 100 en la Seguridad Social.
Más de 800.000 jóvenes podrán ser beneficiarios.
El Partido Popular se comprometió a que al finalizar la legislatura habría menos parados que cuando empezó, y se va a cumplir puesto que las previsiones de crecimiento y empleo son prometedoras según todos los barómetros y se harán realidad después de un enorme trabajo y esfuerzo. El crecimiento en España es ya sustantivo y para consolidarlo hay que adoptar este tipo de medidas encaminadas a fomentar el empleo, mejorar la productividad, impulsar la innovación y ganar competitividad.
