Treinta y nueve ayuntamientos de la provincia de Segovia formalizan el recurso presentado hace unos días ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, que ha sido literalmente “revolcada” por la contra-reforma local de Rajoy según explica en un comunicado el Partido Socialista de Segovia
El secretario provincial de Política Municipal e Institucional del PSOE asegura que el objetivo del recurso presentado es frenar un claro ataque al municipalismo por parte del PP.
José Luis Aceves recuerda que, finalmente, cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España, representando a 17 millones de ciudadanos, se han unido y han presentado en el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local aprobada por el Gobierno para intentar así frenar «el mayor ataque que se ha cometido en la democracia contra el municipalismo» que «va a tener enormes y negativas consecuencias para millones de españoles».
En opinión de Aceves, se trata de un «conflicto en defensa de los ciudadanos» porque, a su juicio, es necesario que los consistorios de toda España puedan «seguir manteniendo las políticas sociales» y defendiendo a aquellos a los que la crisis «está golpeando más duramente».
Explicó que la iniciativa se aprobó en cuarenta y un ayuntamientos segovianos, aunque en dos de ellos no se consiguió la mayoría absoluta, por lo que no lo pudieron formalizar, al no tener la mayoría requerida por el Constitucional.
Los treinta y nueve ayuntamientos que recurren la Reforma de la Administración Local aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy representan a 73.334 habitantes, lo que significa que los plenos de los municipios que representan a casi la mitad de la población de la provincia lo apoyan.
Destaca que cuatro ayuntamientos gobernados por el PP (Torrecaballeros, Turégano, Martin Muñoz de la Dehesa y Escobar de Polendos) y otros cuatro de otros partidos (Armuña, Cabañas de Polendos, Fresneda de Cuéllar y Samboal) se adhirieron a la iniciativa.
Desde el PSOE consideran que la Contra-Reforma Local de Rajoy despoja directamente de competencias” a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y amenaza con reducir los servicios públicos prestados por los ayuntamientos, que podrían pasar a manos privadas, con la consiguiente repercusión en el bolsillo de los usuarios. Además esta Reforma deja a los ayuntamientos en una “situación de dependencia” o subordinación a otras administraciones, lo que es claramente contrario al texto constitucional.
Por ello Aceves explicó que los ayuntamientos han presentado un conflicto en defensa de la autonomía local, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, contra varias disposiciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Por ello, los 39 municipios, se unieron para “aportar a esta iniciativa que pretende frenar una reforma local que dejará a los ayuntamientos sin competencias y el recurso es de los ciudadanos”.
“Esta ley del PP no soluciona ninguno de los problemas del mundo local, ya que coarta las competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura de la administración local, ni resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos” aseguró Aceves.
El medio rural, perjudicado
“Los ciudadanos, sobre todo los del medio rural, serán los grandes perdedores de esta iniciativa del Gobierno del PP, ya que tendrán servicios municipales más caros y menos eficientes, y con la misma se dañará la autonomía municipal y la vida democrática local porque quita a los alcaldes y concejales, elegidos por los ciudadanos, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de la Diputación, órgano de elección no directa”, explicó Aceves.
“Es una frivolidad y lo único que intenta el PP con esta ley es aprovechar la coyuntura económica para imponer su modelo en la administración local, abriendo una puerta muy peligrosa a la privatización cuando no al desmantelamiento de los servicios” que prestan la mayoría de los entes locales, que “provocará además la pérdida de miles de empleos públicos”.
