Seis de los siete exconsejeros de Caja Segovia que prestaron declaración el jueves ante el juez por el caso Navicoas y el préstamo por el que se hipotecó el Torreón de Lozoya aseguraron desconocer que se estuviera autorizando la inclusión del emblemático inmueble como aval para asumir la deuda tributaria de una sociedad participada por la extinta entidad financiera. Insistieron en que las actas no reflejan la literalidad de los acuerdos y, además, mantuvieron que se les ocultó información para decidir que se aprobaba la asunción de esa deuda tributaria.
El exsecretario del Consejo, actual secretario provincial del Partido Popular y vicepresidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, fue el primero en comparecer esta mañana ante el juez Jesús Martínez Puras (Primera Instancia e Instrucción número 5). También fue el primero también en salir del juzgado y el que más se extendió en sus declaraciones ante la prensa para resumir su relato y defender la postura de todos aquellos exconsejeros (11 de 17) que, como él, aseguran sentirse engañados por el expresidente de Caja Segovia Atilano Soto y el exdirector general Fernando Tapias, a quienes denunciaron ante la Fiscalía en diciembre de 2012 por presuntos delitos de falsedad documental y societario.
La investigación en curso se abrió precisamente a raíz de aquella denuncia, aunque el juez decidió citar finalmente en calidad de imputados a todos los exconsejeros que participaron en la reunión del 12 de julio de 2012. Aquel día, presuntamente, se decidió incluir el Torreón como garantía hipotecaria junto a otros inmuebles; aunque fue en una sesión celebrada meses antes, en marzo, cuando se aprobó concertar un préstamo para pagar la deuda de la sociedad Navicoas Asturias (6,8 millones de euros), entonces ya en concurso de acreedores tras una operación urbanística (la compra de los terrenos de una cementera en Gijón para construir 1.200 viviendas) frustrada en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria.
“Los hechos han demostrado que si no llega a ser por el ejercicio de responsabilidad que hicieron determinados consejeros -entre los que se incluye- hoy no estaríamos aquí”, subrayó De Vicente en declaraciones recogidas por Ical a su salida del juzgado. “Lo que estamos haciendo, lo que he declarado, es el correlato de los hechos según lo trasladamos ya en el escrito de la Fiscalía. Y ahora también hemos dado explicaciones sobre las aportaciones documentales que aparecen en el expediente, algunas de las cuales desconocíamos cuando tomamos esos acuerdos”.
En este sentido, el exsecretario aseguró que “la sorpresa” que se llevaron tras la reunión de julio no se limitó a la inclusión del Torreón como aval: “También aparecían siete, ocho o nueve inmuebles más hipotecados, cosa de la que teníamos absoluto desconocimiento por parte del Consejo y que hemos visto ahora, cuando nos hemos personado (en el proceso judicial) y hemos tenido acceso a la escritura”. Añadió que en las votaciones “nunca hubo consignas de carácter político” y, de nuevo, sostuvo ante el juez y después ante los periodistas que las actas “no reflejan la literalidad de los acuerdos”.
De Vicente: “No éramos conscientes”
Preguntado directamente por la hipoteca del Torreón, De Vicente ratificó su versión inicial: “Ni yo ni el resto de compañeros creo que éramos conscientes de que se hiciera una hipoteca específica del Torreón, ni tampoco de otros ocho o nueve inmuebles. Nos hemos enterado ahora, cuando hemos tenido acceso a los autos, que se han puesto en marcha precisamente por la incomodidad que teníamos determinados consejeros porque creíamos que no se habían hecho las cosas como se habían acordado”, reiteró.
Al respecto, el actual secretario provincial del PP insistió en que “nunca” se dio al Consejo “un listado de las garantías que se iban a aportar, ni se le dio un listado ni se le dijo la relación de inmuebles”. El juez, sin embargo, en su auto del pasado 2 de diciembre daba validez a las actas: “Por eso estamos aquí ahora, para intentar aclararlo, estamos en las diligencias previas y veremos qué sale de esto”, concluyó.
Entre las aportaciones documentales que los exconsejeros denunciantes dicen que desconocían, destaca un informe del bufete de abogados Emilio Fuentetaja Sanz que rechazaba que Caja Segovia asumiera la deuda tributaria de Navicoas porque, en todo caso, le correspondía a Bankia como una parte más del proceso de integración. Y sin embargo, señalan que sí se les facilitó otros informes favorables a hacerse cargo de ella.
De Vicente dedicó unos siete minutos a responder las preguntas de la prensa junto a la entrada principal del juzgado pese a los gritos e insultos que recibió por parte de la docena de integrantes de la plataforma Stop Desahucios que permaneció allí durante la mayor parte de la mañana. No hubo más violencia que la verbal y tampoco intervención policial, aunque condicionaron la entrada y salida de la mayoría de los exconsejeros citados por el juez.
Tensión, gritos e insultos
El presidente de la Federación Empresarial Segoviana y de la Cámara de Comercio de Segovia, Pedro Palomo,fue el siguiente en llegar. También entró por la puerta principal entre gritos e insultos, declaró en sede judicial en la misma línea que De Vicente y salió por la puerta trasera. Y tras él estaba citado el actual director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso: “He declarado lo que a mi modo de ver ocurrió, y desde luego no me avergüenzo absolutamente de nada”, respondió a la prensa tras aportar en sede judicial un relato similar al de los exconsejeros anteriores.
El diputado provincial José Luis Sanz Merino, aunque breve, fue más explícito en su resumen de lo declarado en sede judicial: “Me remito a las declaraciones que, según me han comentado, ha hecho el secretario del Partido Popular (De Vicente). Lo único que puedo decir es que intento colaborar con la Justicia y aclarar lo ocurrido”. Su salida por la puerta principal tampoco fue sencilla, más bien de las más tensas, ya que incluso fue seguido de cerca hasta que entró en una cafetería ubicada a unos 100 metros del juzgado.
Y la tensión de nuevo regresó a la puerta trasera cuando intentó acceder por ella la quinta persona llamada a declarar, Ana María Valiente (de la Federación de la Mujer Rural, Femur). Cerca de diez minutos permaneció ‘refugiada’ en un taller de coches situado frente al juzgado, hasta que llamó al móvil a su abogado para que saliera a buscarla y le acompañara en su tenso recorrido hasta la entrada, con uno de los manifestantes gritándole a escasos centímetros.
De todos los que declararon este jueves, Valiente fue la única que se alineó con los tres exconsejeros que (aparte de los denunciados, Atilano Soto y Fernando Tapias) que sostienen que sí se les aportó la información necesaria y eran conscientes de los acuerdos adoptados: el exvicepresidente de Caja Segovia Manuel Agudíez, del PSOE, que llegó a ostentar el cargo de secretario de Navicoas; el también político socialista José Pablo Lozoya y Elena García Gil (Femur).
El alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco (PP), y Jesús Manuel Yubero (independiente, aunque formó parte de la lista municipal del PSOE en las elecciones de 2011), que también firmaron la denuncia que inició este proceso, fueron los últimos en declarar. No obstante, todavía queda por escucharse en sede judicial el relato de la exalcaldesa de Sepúlveda María Concepción Monte (PP), cuya declaración se pospuso por motivos de salud.
“Manipulado, engañado e indignado”
Para el abogado Andrés Herzog, responsable del área de Justicia de Unión, Progreso y Democracia (partido personado en el caso como acusación popular), la declaración más destacable fue la del secretario provincial del PP: “De Vicente ha sido muy tajante al indicar que él se siente manipulado, engañado, que está indignado y que de alguna manera entiende que el resto de consejeros (los que aseguran que eran conscientes de lo aprobado) han faltado a la lealtad necesaria al Consejo, dulcificando un acuerdo que no estaba nada claro”.
Herzog confirmó que todos coincidieron en destacar que se les ocultó informes, “en concreto uno de un gabinete jurídico, Fuentetaja, que parece ser que ya estaba emitido antes del 26 de marzo, que es cuando se acuerda asumir la deuda tributaria, y que viene a decir que Caja Segovia no estaba obligada a responder de esa deuda, y que en su caso el responsable era Bankia”, relató. “Ese informe todos han coincidido en decir que se les oculta y que sin embargo se hace referencia verbal a otros que avalaban la tesis contraria, como uno de Garrigues. Eso es lo que vienen a presentar como justificación de ese engaño del que se sienten víctimas esos consejeros”.
El letrado de UPyD también apuntó que los exconsejeros denunciantes relataron ante el juez las dificultades que tuvieron para intentar obtener “la copia literal de las actas”, y que después de la reunión de julio, la última que celebró el Consejo de Caja Segovia, “dicen que se enteraron de que había unas grabaciones que han coincidido en manifestar que desconocían. Eso es lo que, según ellos, justifica que tardaran tanto tiempo (unos cinco meses) en presentar la denuncia”, resumió.
Para Herzog, ahora “el núcleo de la cuestión” se centra en “saber si la otra parte del Consejo realmente eran consciente de que Caja Segovia no tenía que hacer frente a esa deuda tan importante”. “Es una cuestión técnica pero muy importante, si de alguna manera se forzó esa decisión, sabiendo, o anteponiendo, sus intereses personales a los de la caja”. En cualquier caso, la instrucción apenas acaba de empezar: “Es importante que pasen algunos testigos, en concreto directivos de la Caja que conocían muy bien la relación con Navicoas; luego hay pruebas documentales que también se pueden pedir y en función de eso se verá cómo evoluciona”, concluyó el abogado de UPyD.
De momento, lo cierto es que el juez Martínez Puras no ha citado a nadie más que a los miembros del Consejo que participaron en la reunión del 17 de julio de 2012, aunque todo apunta que, tras las declaraciones de esta semana, la investigación todavía tiene mucho recorrido por delante.