El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel Marinero, cifró hoy en un diez por ciento la morosidad en el pago de viviendas públicas registrada en la provincia de Segovia, de las “más bajas” de Castilla y León, donde la media regional se sitúa en el 16%. Para paliar esta situación y otros problemas de acceso a la vivienda, el Gobierno regional aprobó el pasado mes de julio 22 medidas que Marinero presentó esta mañana a representantes de asociaciones empresariales, colegios profesionales y colectivos vecinales de la provincia.
El representante regional concretó que en la provincia de Segovia son un millar de viviendas públicas, la mayoría de ellas en régimen de compra-venta, las que se encuentran sin amortizar. “Aunque la Junta ha paralizado sus procesos de desahucio, hay que ir más allá y se les ofrece una moratoria en el pago de las cuotas y la reestructuración de la deuda pendiente”, comentó.
El decreto-ley promovido por la Junta también incluye a las familias que “están llegando al límite para no tener impagos” y que podrán acceder igualmente a estas medidas. Además, las familias con ahorros o situación económica favorable podrán adquirir su vivienda actual con una oferta “muy generosa”, detalló el director general, con deducciones que llegan desde un diez hasta un treinta por ciento del precio del inmueble.
En el caso de las viviendas no ocupadas, Ángel Marinero explicó que se les aplica un descuento tanto en la venta como en el alquiler de un veinte por ciento. En concreto, en la capital segoviana los precios de compra bajarían de 141.000 euros a 113.000 para un inmueble de 90 metros cuadrados, mientras que el arrendamiento pasaría de 590 a 433 euros al mes.
Todas estas actuaciones van encaminadas principalmente a las familias y personas más necesitadas de la región, como es el caso de la reserva de un “pequeño porcentaje” de las viviendas desocupadas para colectivos de exclusión social. “Es el último eslabón cuando fracasan el resto de medidas pero de momento no nos lo están pidiendo”, afirmó el representante regional, que recordó que son los servicios sociales los encargados de gestionar estas ayudas.
Alquiler
Dentro de las medidas urgentes aprobadas por la Junta para facilitar el acceso a la vivienda también se incluyen varias destinadas al fomento del alquiler con una mayor flexibilidad en los requisitos de las viviendas del programa y en lo relacionado con los arrendatarios. Los precios establecidos para dicho programa para la capital segoviana se sitúan en 262 euros al mes para una vivienda de 50 metros cuadrados y en 473 para una de noventa.
“La Junta hace de intermediario entre los propietarios que son reacios porque no se fían de la solvencia de estas personas”, añadió Marinero, que explicó que esta intermediación se realiza a través de los datos del registro de demandantes de viviendas. En Castilla y León hay inscritas en dicho sistema 27.000 unidades familiares.
A esta medida de fomento del alquiler se suma la constitución de un parque público de alquiler social por parte de todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Segovia. “No es el momento de pedirle haga una inversión, se le dice que parta con las viviendas y los suelos de los que ya disponga”, matizó el director general de Urbanismo.