La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Segovia han celebrado el debate de la ILP Hipotecaria en el Congreso de los Diputados que considerará la dación en pago, pero temió que no cumpla los «acuerdos mínimos». El representante de CCOO en la Plataforma Unitaria Contra la Crisis, José Antonio López Murillo, tildó de «muy positivo» el debate pero advirtió que en el mismo se deben de tomar en cuenta otros aspectos.
López Murillo insistió en la necesidad de superponer el derecho a la vivienda al derecho de beneficios de las entidades bancarias así como de modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir la paralización de desahucios en viviendas habituales, excluyendo de esta petición las segundas o terceras. Además, recordó la otras de las peticiones más insistentes del colectivo como es la creación de alquileres sociales para que los afectados puedan permanecer durante 5 años con un alquiler con no suponga más de un 30 por ciento de sus ingresos. “Segovia posee una importante bolsa de viviendas en alquiler”, aseveró.
Durante una rueda de prensa para abordar la problemática sobre los desahucios, la Plataforma Unitaria Contra la Crisis ‘Cumbre Social de Segovia’, propuso la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria junto al Colegio de Abogados. Uno de los miembros de la organización, Wenceslao Rodríguez abogó por la creación de este órgano para que actúe de forma preventiva y “preste un servicio gratuito que procure acuerdos beneficiosos para los deudores, como dadores en pago con alquiler social posterior y que ayude a todas las personas que encuentren afectadas por desahucios”.
Celebrando la declaración institucional que el Ayuntamiento de Segovia aprobó contra los desahucios durante la Junta de Gobierno Local del pasado 22 de noviembre, la Plataforma pidió además la creación de una comisión mixta en la que estés presentes miembros de la administración, los grupos municipales, la propia plataforma, asociaciones vecinales y otras entidades sociales con el objetivo de que “que se establezcan los mecanismos necesarios para prevenir los desahucios por razones económicas”.
Entre las medidas que los miembros de la plataforma solicitaron se contempla la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para personas que hayan perdido su vivienda, la revisión de protocolos de actuación de servicios sociales para que ninguna familia pierda la custodia de sus hijos a causa de un desahucio, o la realización de un censo urgente de pisos vacíos en manos de entidades financieras. Las medidas, de carácter retroactivo, de forma que todos los expedientes que están iniciados en estos momentos se beneficien también de estas peticiones, proponen además la eliminación de guardias urbanos a disposición de las ejecuciones hipotecarias y la apelación a las entidades financieras de la ciudad para exigirles la parada de los mismos.