La subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz García, ha recordado que el derecho de los ciudadanos a concentrarse y manifestarse «tiene unos límites» como el de comunicarlo al órgano competente. Preguntada por el inicio de los expedientes sancionadores que se tramitaron contra varios asistentes a la concentración espontánea que se celebró en la sede central de Bankia durante el pasado 14 de noviembre, Sanz García explicó que no se trata de limitar el derecho a reunión sino de garantizar que se pueda ejecutar «con todas las garantías» .
En este sentido, la representante del Gobierno central en la provincia señaló que la Subdelegación exclusivamente tramita la denuncia formalizada por la Policía Nacional tras la entrada de un grupo de alrededor de 80 personas en Bankia «voceando». Sanz García señaló que la labor de la institución trata de proteger tanto a los manifestantes como los que deciden no manifestarse e hizo referencia a que los representantes de la entidad tuvieron que cerrar la oficina hasta que la concentración se disolviera.
Ante las quejas emitidas por varios miembros de la Plataforma Unitaria contra la Crisis ‘Cumbre Social de Segovia’ que fueron denunciados, como explicaron ayer, sin que los miembros de la Policía les solicitara la documentación, Sanz García señaló que si existen otros medios por los que los agentes puedan identificarlos, los agentes «tienen autoridad» para hacerlo sin DNI.
No obstante insistió en que se trata de la apertura de un expediente administrativo en el que existe un periodo para alegar mientras que aseguró que «no se trata de ir contra nadie si no de que se cumpla la legalidad y de que todas las personas puedan ejercer sus derechos normalmente».
