Caja Segovia estudia pedir indemnizaciones a Bancaja y Deloitte por el SIP fallido
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Caja Segovia podría reclamar a Bancaja y a la empresa auditora Deloitte indemnizaciones “por los efectos tan nefastos que ha tenido el Sistema Institucional de Protección (SIP) para la entidad”. Sin embargo, para ello debería unirse a otras entidades que se embarcaron en este proyecto con el fin de reunir los recursos y la fuerza suficiente para llevar a cabo una demanda tan relevante, según publica en su edición de hoy El Adelantado de Segovia.
El primer paso ha sido encargar un informe de viabilidad sobre las posibilidad de emprender acciones legales contra quienes intervinieron en este proceso y que en sus primeros momentos se presentó como el idóneo para cada una de ellas.
Las cajas minoritarias que podrían iniciar acciones legales serían Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias y Caja Laietana. Las cinco se unieron a Caja Madrid y Bancaja, que encabezaron el proceso. Según sospechan, éstas podrían haber ocultado o alterado la información sobre su solvencia y liquidez, añade el rotativo que precisa que también apuntan hacia la consultora Deloitte, que al parecer reformuló las cuentas de solvencia una vez que estaba avanzado ya el proceso de integración.
Fue a partir de mayo de este año cuando las cajas socias comenzaron a comprobar que la operación no ha resultado como esperaban. Bankia se encuentra nacionalizada y las arcas de las entidades socias se han quedado vacías prácticamente. Se ha pasado de registrar beneficios millonarios durante todos los ejercicios, a perder dinero. Y en el caso particular de Caja Segovia, existen hipotecas que ponen en peligro la propiedad de inmuebles emblemáticos. En este último caso se trata de otra operación anterior, también fallida, conocida como Navicoas, en Asturias, para lo que también Caja Segovia siguió los consejos de informes de empresas auditoras externas, una de ámbito nacional y otra de un despacho de Segovia capital. Y por esta última gestión Caja Segovia debe pagar una sanción a la Agencia Tributaria que ha requerido garantías hipotecarias.
