La sociedad Segovia 21 a través de su administrador único, Javier de la Orden, y los accionistas institucionales de la misma, Cámara de Comercio y Diputación Provincial, a través de sus respectivos presidentes Pedro Palomo y Francisco Vázquez, han presentado al Ministerio Fiscal el contrato que esta sociedad mantenía desde el inicio de sus actividades en 2002 con Fomento Territorial, para que sea este quien determine si han existido o no algún tipo de irregularidades de índole penal y sus eventuales responsables.
A través de un comunicado, el administrador, asegura que “hemos detectado un posible exceso en los pagos realizados a Fomento Territorial con respecto a los inicialmente previstos en el contrato”, y considera que la suma de los pagos resulta “excesiva y se encuentra en parámetros que podrían estar fuera de mercado”.
Según De la Orden “cuando nos hicimos cargo de la administración de Segovia 21 anunciamos máxima transparencia” por lo que considera que debe ser la Fiscalía quien determine si como consecuencia de dicho contrato puede haberse incurrido en algún ilícito, tratándose de recursos de una sociedad participada por instituciones públicas; y se ha solicitado la apertura de «diligencias informativas» para el esclarecimiento de estos hechos”.
Para finalizar, De la Orden ha manifestado que “en este momento, lo que toca es ser prudentes y dejar que la Justicia determine si existe algún tipo de irregularidad”.
