Los 12 consejeros de Csica en los órganos de gobierno de Caja España-Duero, que representan a trabajadores e impositores, han presentado su dimisión para no participar en una “mascarada” ya que sostienen que estas estructuras gestionan la “nada”, al traspasarse el negocio al Banco Ceiss. Además, exigieron responsabilidades políticas, tanto a la Junta de Castilla y León, como a la oposición socialista, ya que aseguraron que las seis cajas de la Comunidad se han “disuelto” en proyectos financieros ajenos a la Comunidad, según indicó el portavoz del grupo, Luis José Rodríguez Alfayate.
En ese sentido, reclamó la desaparición de estos órganos, una vez que finalizó en octubre del pasado año el primer periodo transitorio, que la Junta amplió. De esta forma, el sindicato Csica, según su secretario general, renuncia a su representación en la dirección de España-Duero, ya que entienden que el resto de miembros de la organización, que componían las listas, también renunciarán al cargo de consejeros, aunque se trata de una decisión personal. Aseguró que generan unos gastos “innecesarios” e “improductivos” en un momento en el que debe primar la “austeridad”.
Asimismo, Rodríguez Alfayate recordó que tras la fusión entre España-Duero la Asamblea General ha quedado formada por 320 consejeros generales; el Consejo de Administración, por 34, y la Comisión de Control, por 14. Además, recordó pese a la eliminación de las dietas, las reuniones de estos órganos también generan gastos por el pago de los desplazamientos, las comidas, las estancias o los aparcamientos. Por ello, señaló que deben desaparecer estas estructuras que acarrean gastos prescindibles y aseguró que la “voz” de Csica será escuchada igualmente por la dirección.
También, el portavoz del sindicato denunció la “incapacidad” de la Junta para ejercer el control sobre las cajas que tutelaba, aunque si ha sido capaz de legislar para convertir algunos cargos prácticamente en “vitalicios”. Además, aseguró que el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, conocía la forma en que se estaban gestionando las entidades, precisamente porque su sindicato se encargó de transmitírselo. Por ello, sostuvo que la reforma legislativa sobre el régimen de incompatibilidades llegó “tarde” y señaló que sólo pretendía apartar a un presidente que ellos mismos “encumbraron”.
Al respecto, Rodríguez Alfayate indicó que le parece “muy bien” que Izquierda Unida denunciara ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la mala gestión de algunas entidades, que ellos también pusieron en conocimiento de la Junta. No obstante, señaló que el fiscal debería actuar de oficio al conocer estos hechos.
También, exigió responsabilidades al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y al anterior secretario general del PSCyL-PSOE, Óscar López, por la deriva de que llevó el acuerdo para que se fusionaran las seis cajas de Castilla y León. También, culpó a los expresidentes de Caja de Burgos y Caja Segovia, José María Arribas y Atilano Soto, así como al alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto. Recordó que éstos se opusieron a la integración de las entidades castellanas y leonesas argumentando que sus cajas perderían su “identidad”.
Sobre el proceso de fusión con Unicaja, Rodríguez Alfayate explicó que “no hay motivos” para que no se produzca y añadió que “sigue su camino”. Además, indicó que los test de estrés, que realizó la consultora Olyver Wyman, demostraron que la unión beneficiaba a los dos grupos, ya que Unicaja conseguía una red de oficinas que doblará su negocio y España-Duero obtendrá la “solvencia” que no tiene. Además, el banco surgido de la fusión se mantendrá en el denominado grupo cero, aquel que no necesitaría financiación pública en el escenario más adverso.
