Castilla y León perdió en el último año casi 23.000 empleos públicos por las medidas de ajuste y reestructuración de las diferentes administraciones ante la crisis, la mayor parte de ellos de las administraciones central (9.700) y local (9.500), frente a los 3.400 de la autonómica. En concreto, la Comunidad contaba a finales del segundo trimestre del año con 178.300 empleados públicos frente a los 201.000 del mismo periodo del año 2011, según los datos facilitados a Ical por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Administración central pasó en ese periodo de 42.900 empleados a 33.200; la local, de 43.200 a 33.700, y la autonómica, de 114.800 a 111.400.
Los últimos meses han constituido un punto de inflexión en la tendencia al alza que mantenía el empleo público en la región, con diferentes comportamientos dependiendo de cada administración. El descenso de los puestos de trabajo en la estatal ya se inició en el primer trimestre de 2011, cuando contaba con 45.600 empleados, y ha sido constante cada trimestre hasta el cierre de junio de 2012. Sin embargo, la Administración autonómica siguió creciendo durante todo el año pasado, desde los 111.300 trabajadores del primer trimestre hasta un máximo de 117.800 en el último, para iniciar su reducción en 2012. El mismo caso se da en las entidades locales, que arrancaron 2011 con 37.900 empleados, para alcanzar los 40.500 en el tercer trimestre del pasado ejercicio, cuando empezó su rebaja hasta los niveles actuales, siempre según los datos aportados por el INE.
La reducción de las plantillas continúa
Cabe recordar que la consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, advirtió de que las plantillas del sector público autonómico “se seguirán ajustando” con la puesta en marcha de la segunda fase de la reestructuración anunciada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante su discurso durante el debate de política general. Pilar del Olmo recordó que en estos momentos tienen en marcha un plan de reestructuración del sector público con el horizonte de este año que incluye la supresión de once empresas y fundaciones, y una rebaja del gasto en 19 millones de euros, con su consiguiente impacto en el empleo público.
La segunda fase de este programa que planteó Herrera supondrá en el resto de la legislatura la desaparición de al menos el 50 por ciento “de lo que quede” del sector público (empresas, fundaciones y entes, es decir, todo lo que no es Administración General y los organismos autónomos), lo que “requerirá de un estudio concreto de las funciones que realizan estos entes y que no se puede llevar a cabo desde la Administración”. “Esto también supondrá una reducción de personal” y, por lo tanto, disminuir, al menos a la mitad, los gastos en nóminas y los de funcionamiento.
