El nuevo presidente de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorro (BFA), José Ignacio Goirigolzarri, ha propuesto al Banco de España la conversión en acciones del préstamo concedido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a la entidad por valor de 4.465 millones de euros, lo que supondría que el Estado pasa a ser accionista del grupo.
De este modo, el Gobierno ejecuta ese préstamo y supone de facto la nacionalización de parte de la entidad financiera tras la salida de Rodrigo Rato y la llegada de Goirigolzarri.
El pasado lunes, el expresidente de Bankia decidió abandonar la entidad tras conocerse que la entidad estaba preparando un plan de saneamiento junto al Ministerio de Economía y Competitividad. Según informó en Banco de España, el consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros le ha comunicado su decisión de no recomprar en los términos y condiciones acordados los títulos emitidos por valor de 4.465 millones de euros suscribió el Frob.
«BFA ha concluido que la opción más conveniente para reforzar la solidez patrimonial del proyecto empresarial que se inicia con el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente es solicitar la conversión de esos títulos en acciones ordinarias», indica el supervisor.
Dicha conversión deberá ser autorizada por el Banco de España y por el resto de autoridades competentes españolas y comunitarias y será realizada de acuerdo con el procedimiento de valoración establecido en la escritura de emisión de los títulos, explica el supervisor.
El Banco de España defendió que «ha trabajado intensamente en los últimos meses con la dirección del grupo BFA-Bankia para concretar las medidas que aseguraran el cumplimiento de lo previsto» del último decreto sobre saneamiento financiero.
En este sentido, recordó que BFA-Bankia presentó a final de marzo un plan de saneamiento y reestructuración que incluía medidas que permitirían cumplir con la norma y normalizar su situación patrimonial.
Una vez analizado este plan de saneamiento, el Banco de España requirió además a la entidad medidas complementarias para racionalizar y fortalecer las estructuras de administración y gestión, aumentando su profesionalización, así como un programa de desinversiones. «Estas actuaciones adicionales debían servir para reforzar la solidez de la entidad y restaurar la plena confianza del mercado», indicó el Banco de España.
Pese a ello, agregó, «los acontecimientos de las últimas semanas y la creciente incertidumbre sobre el futuro de la entidad ha hecho aconsejable ir más allá y plantear la aportación de recursos públicos para acelerar e incrementar el saneamiento».
El relevo en la presidencia de BFA-Bankia «va orientado precisamente en la dirección señalada de profesionalizar la gestión del grupo y permitirá dar un impulso a su programa de reestructuración», consideró el regulador.
La nueva dirección de la entidad tendrá que presentar en el plazo más breve posible un plan reforzado de saneamiento que situará a BFA-Bankia en condiciones de afrontar con total garantía su futuro.
En todo caso, el organismo que lidera Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró que la entidad es «solvente» y que «sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación».
