El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Real Sitio de San Ildefonso ha solicitado al Ayuntamiento que negocie con Patrimonio Nacional la restitución de lo que consideran «derechos históricos» de los vecinos de La Granja y Valsaín, tras la aprobación de la nueva normativa de precios públicos.
La formación ha presentado una petición formal a la Alcaldía con el objetivo de revertir lo que califica como una «barrera económica» para los residentes en el acceso a espacios patrimoniales del municipio.
En concreto, el PP critica la resolución del 14 de octubre de 2025 de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional publicada en el BOE y por la que se regulan los precios para el acceso y visita públicos de los bienes que gestiona el organismo público. Los ‘populares’ consideran que rompe el «vínculo histórico» entre la población local y estos enclaves.
Entre sus principales demandas figura la gratuidad total para los empadronados en las Fuentes Monumentales de La Granja, cuyo acceso tiene actualmente un coste de 5 euros (3 euros en espectáculos nocturnos). Según el grupo municipal, esta medida dificulta que las familias puedan disfrutar de un entorno que forma parte de su vida cotidiana.
Asimismo, el PP reclama la supresión del peaje de acceso al Bosque de Riofrío para los residentes, que actualmente deben abonar 4 euros por circular dentro del término municipal. A su juicio, esta medida resulta «incomprensible» y penaliza a quienes consideran los «mejores guardianes» de este espacio natural, refiriéndose a los propios vecinos del municipio.
La tercera reivindicación se centra en la apertura diaria de la Puerta de Alfonso XII, un acceso cuya construcción fue sufragada por los propios vecinos en el siglo XIX. El grupo denuncia que las actuales restricciones obligan, especialmente a las personas mayores, a realizar recorridos más largos, lo que afecta a la accesibilidad.
El portavoz popular, Martín Plaza, ha defendido que los vecinos «no son turistas» y ha reclamado recuperar un modelo basado en la relación tradicional entre la población y el patrimonio. Desde el PP insisten en que estas medidas responden a una cuestión de «justicia social» y de reconocimiento al papel histórico de la comunidad local.
