El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el proyecto para construir diez viviendas unifamiliares en el núcleo urbano de La Pinilla, tras estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción de Segovia.
La sentencia, fechada el 17 de marzo de 2026, deja sin efecto el Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba a petición de la empresa La Pinilla Management Corporation S.L., que pretendía levantar diez chalets sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados clasificada como suelo urbano consolidado.
El tribunal fundamenta su decisión en varios motivos, entre ellos la falta de garantía de abastecimiento de agua, respaldada por un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, considera determinante que dicho informe obligaba a adaptar o construir de forma urgente infraestructuras de depuración, lo que, a juicio de la sala, debió conllevar una evaluación ambiental negativa, pese a que la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe favorable.
La resolución también señala la existencia de una posible parcelación ilegal en fraude de ley mediante la figura de la propiedad horizontal tumbada, con accesos privados, así como la superación de la densidad máxima de viviendas permitida en la finca. A ello se suman otras irregularidades, como la reducción indebida del periodo de información pública (de un mes en lugar de los dos exigidos), la prohibición de la tipología de vivienda prevista en la parcela y la falta de alternativas en el estudio de impacto ambiental.
El alto tribunal ya había suspendido cautelarmente el proyecto en junio de 2025, aunque, según recoge la sentencia, la empresa promotora «arrasó» el pinar existente en la zona durante ese periodo.
Desde Ecologistas en Acción destacan que el fallo tiene especial relevancia porque, en la práctica, frena futuros desarrollos urbanísticos en la zona de La Pinilla, tanto en suelo urbano como urbanizable. Asimismo, subrayan que la sentencia pone de manifiesto problemas estructurales relacionados con el uso del agua, que, según denuncian, se estaría empleando sin concesión legal, incluso para la producción de nieve artificial.
La organización ecologista también considera que el fallo evidencia un intento de eludir la normativa urbanística mediante fórmulas como la propiedad horizontal tumbada, que permite asignar el uso exclusivo de parcelas sin dividir formalmente el suelo.
