El Procurador del Común ha instado a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva a adoptar medidas para garantizar la conservación del edificio de La Saleta, el antiguo colegio de los dominicos que permanece sin uso y en estado de abandono desde 2018.
La resolución, emitida el pasado 11 de marzo tras una queja presentada por la ciudadanía, pide a la Consejería de Educación que, en caso de descartar definitivamente su uso educativo, «promueva la desafectación del edificio» para facilitarle un nuevo destino. Mientras el inmueble siga siendo propiedad de la Administración educativa, el organismo también solicita que se adopten medidas que garanticen «la seguridad pública, la salubridad y el ornato público del edificio».
Asimismo, el Procurador del Común ha dirigido otra resolución al Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva para que exija a la propiedad el cumplimiento de los deberes de conservación del inmueble, tal y como establece la normativa urbanística. Entre otras cuestiones, plantea que el consistorio valore la posibilidad de adquirir el edificio para destinarlo a un uso adecuado para el municipio y que estudie dotarlo de protección urbanística «en atención a los valores históricos, arquitectónicos, culturales, ambientales, etc. que pudiera representar “La Saleta”».
Reivindicación vecinal
La resolución llega después de que la plataforma ciudadana Salvemos la Saleta solicitara amparo al Procurador del Común ante la situación de deterioro del edificio.
El antiguo colegio de La Saleta, que originalmente fue una fábrica textil y posteriormente funcionó como Escuela-Hogar gestionada por los dominicos, dejó de utilizarse en 2018. Desde entonces, vecinos y colectivos del municipio han denunciado el progresivo deterioro del inmueble y han reclamado soluciones para evitar su pérdida y buscarle un uso social o comunitario.
Desde el colectivo consideran que el pronunciamiento del organismo respalda sus reivindicaciones y supone un «tirón de orejas» a las administraciones implicadas, aunque recuerdan que sus resoluciones no tienen carácter vinculante.
El Procurador del Común es el defensor del ciudadano en Castilla y León, una institución encargada de supervisar la actuación de las administraciones públicas autonómicas y locales para garantizar que respeten los derechos de la ciudadanía.
Aunque sus resoluciones no son de obligado cumplimiento, las administraciones deben responder a ellas y justificar si aceptan o rechazan sus recomendaciones, lo que les otorga un importante peso institucional y político.
En un comunicado, la plataforma confía en que las recomendaciones «no caigan en saco roto» y sean atendidas tanto por la Junta como por el Ayuntamiento.
