El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha alertado de la aparición de los primeros despidos vinculados a la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, una situación que —advierte— podría agravarse en las próximas semanas si no se modifica el texto normativo o el Tribunal Superior de Justicia concede las medidas cautelares solicitadas por 25 medios de comunicación en su recurso por vulneración constitucional.
El decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo, recuerda que antes de la aprobación de la ley tanto la organización profesional como numerosos medios advirtieron a los grupos políticos del impacto negativo que tendría su implantación si no se corregían varios artículos clave. “Nuestras advertencias fueron ignoradas y ahora se están produciendo los primeros despidos, con la consiguiente pérdida de empleo y la merma de pluralidad informativa en la comunidad”, señala.
La ley salió adelante con los votos del PSOE, Vox y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y del exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
El Colegio subraya que el propio dictamen del Consejo Consultivo ya apuntó que la norma no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que el veto a contratar con medios condenados mediante sentencia firme supone una invasión competencial que podría derivar en su nulidad. El informe también consideraba que limitar al 33% de la facturación anual el máximo que un medio puede recibir en publicidad institucional no tiene amparo en la legislación básica estatal, constituye un criterio arbitrario y restringe la libre concurrencia a las campañas públicas.
Asimismo, el dictamen advertía de que esta limitación vulnera el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, además de invadir competencias exclusivas del Estado respecto a la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica.
