El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto ley que incluye varias medidas para reducir el déficit público, cuyo impacto económico para las arcas del Estado será de unos 5.000 millones de euros este ejercicio 2011. Las iniciativas entrarán en vigor de inmediato.
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, acompañó al portavoz del Gobierno, José Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde detalló las medidas.
En concreto, el ministro ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado la reducción temporal, hasta el 31 de diciembre de este año, del IVA por adquisición de vivienda nueva, del 8 al 4 %. El objetivo de esta medida es «dar salida al stock de vivienda y reactivar un sector como el de la Construcción». «Estamos contribuyendo así a la creación de empleo en el sector más perjudicado por la crisis económica». José Blanco ha señalado que lo que el Gobierno pretende es «contribuir a la reactivación del sector».
También el Ejecutivo aprobó aumentar el porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados a cuenta de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades del 21% al 24% para empresas entre 20 y 60 millones de facturación, y al 27% en las que tengan, al menos, 60 millones.
«No se trata de una modificación en profundidad del Impuesto de Sociedades, ni en su estructura ni en sus tipos», quiso dejar claro la vicepresidenta, quien agregó que no supone ninguna subida impositiva ni eliminación de deducciones.
Se verán afectadas sólo empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros, lo que supone unas 4.000 empresas, el 0,5% del total de sociedades.
Esta medida estarán en vigor este año y los dos próximos, y se estima un impacto de 2.500 millones cada ejercicio, cuantía que se concentrará «la mayor parte en las empresas de mayor dimensión», dijo la responsable de Economía y Hacienda. En este sentido, agregó que en 2012 y 2013 se conseguirán 400 millones adicionales por los efectos del aplazamiento de deducciones.
También en relación con las grandes empresas, se establecen límites, con carácter temporal, a la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores.
De esta manera, en 2011, 2012 y 2013 las grandes empresas cuya cifra de negocios sea de al menos 20 millones e inferior a 60 millones de euros solo podrán aplicar el 75% de las bases imponibles negativas que tengan pendientes de compensar. En el caso de aquellas con una facturación superior a los 60 millones de euros, el porcentaje se verá reducido al 50%.
Salgado quiso dejar claro que para asegurar la compensación futura de las bases, en paralelo se amplía el plazo máximo de compensación de las bases negativas procedentes de ejercicios anteriores de 15 a 18 años.
La ministra comentó que para empresas con una facturación de entre 20 y 60 millones, el aumento de los pagos a cuenta supondrá un anticipo este año de 59.000 euros. Para las que facturan entre 60 y 100 millones, la cuantía asciende a 255.000 euros. Por ello, Salgado defendió que son «cifras muy limitadas y muy asumibles», aunque reconoció que «todos quieren pagar más tarde». En esta materia, el Gobierno también decidió establecer un límite a la deducción del fondo de comercio financiero.
Gasto farmacéutico
Además, para reducir el gasto de las comunidades autónomas se ha acordado introducir cambios en las prestaciones farmacéuticas para extender el uso de los medicamentos genéricos.
Blanco explicó que con esta medida se estima un ahorro anual de 2.400 millones de euros anuales para las administraciones y de 167 millones en «los bolsillos de los ciudadanos».
En esta materia, se acordó también poner en marcha un sistema de ayudas a pequeñas farmacias. El portavoz del Gobierno explicó que se va a establecer también un sistema de compensación para las farmacias ubicadas en núcleos pequeños de población, aislados o socialmente deprimidos. Estas compensaciones se percibirán con la factura mensual y podrán alcanzar hasta los 10.000 euros al año (833 euros al mes).
La determinación de a qué oficinas de farmacia afectará, así como el procedimiento y la gestión de las compensaciones, corresponderá a cada administración competente en la materia. Desde el Gobierno defendieron que con esta medida se sientan las bases para garantizar la viabilidad de estas farmacias y asegurar así a la población la prestación de un servicio esencial como es la prestación farmacéutica.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo aprobó incrementar la capacidad de emitir garantías financieras en el marco de la contribución de España a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera.
Las Cámaras consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno suponen “un parche más” y “no favorecen al tejido empresarial”
Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y su Consejo Regional creen que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, relativas a la reducción del IVA para adquisición de vivienda, modificación del Impuesto de Sociedades y la reforma para disminuir el gasto farmacéutico suponen “un parche más” en la política económica de la nación y “no favorecen al tejido empresarial”.
Las Cámaras, a través de una nota de prensa, consideraron adecuada la rebaja temporal del IVA del ocho al cuatro por ciento en la compra de vivienda nueva, así como cualquier posible reducción o anulación temporal de este impuesto para poder reactivar el mermado sector de la construcción.
En relación a la reforma del Impuesto de Sociedades con el anticipo de los pagos a cuenta para las empresas grandes, las Cámaras sostuvieron que esta medida es “una estrategia para conseguir financiación disminuyendo a dichas empresas sus posibilidades de crecimiento, a través de proyectos de inversión y liquidez, drenando para el sector público lo que debe ser financiación de la economía privada”.
Las Cámaras recalcaron que “lo que de verdad necesita” la economía española son “medidas estructurales que supongan la “desaparición de derechos y privilegios” que ahora tiene la población española y cuyo pago “no puede hacer frente el Estado ni el resto de países europeos afrontará por España”.
Finalmente volvieron a insistir en la “necesidad de adelantar al máximo las elecciones generales”, para conseguir que éstas, junto con autonómicas como las de Andalucía, “sean en octubre”, ya que debe ser “un nuevo gobierno, sin campañas electorales ni elecciones a la vista, el que debe gobernar con fuerza” y “llevar a cabo un pacto de estado para tomar, en el mínimo tiempo posible, medidas de calado para consolidar los auténticos derechos imprescindibles”, como “poder trabajar” y que más de cuatro millones de personas en España “dejen de estar en paro” y el país se dirija así “hacia una auténtica recuperación”.
Del Olmo dice que las medidas del Gobierno son “insuficientes”, “cosméticas” y “electoralistas” y pide elecciones en octubre
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dijo que las tres medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son “insuficientes”, cosméticas” y “electoralistas” que tienen como objetivo captar más votos de cara a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre y “empeñar más al Gobierno entrante”.
Por eso, la titular regional de Hacienda pidió que se adelante a octubre las elecciones generales, más aún, cuando la ministra de Economía, Elena Salgado, “se va a quedar sin trabajo” después de anunciar que no se van a elaborar los presupuestos generales de 2012.
En opinión de Del Olmo, que el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar estas tres medidas que “no son de calado” “con la que está cayendo” es “bochornoso”. Por eso, apuntó lo que procede es “un adelanto electoral”.
En concreto, dijo que la reducción del IVA del ocho al cuatro hasta el 31 de diciembre, en la adquisición de vivienda nueva es una medida “claramente electoralista”, precisamente por el límite temporal que establece.
En cuanto al aumento del pago adelantado del impuesto de sociedades a cargo de las grandes empresas, sostuvo que supondrá “mejorar la liquidez del Gobierno a costa de la de las empresas”.
Por último, calificó de “tardía” la medida de reducir del gasto farmacéutico obligando a las farmacias a dispensar medicamentos genéricos. “”Llega tres años después”, agregó. Además, alertó de que también se ha aprobado la subida del margen comercial de las farmacias rurales y “no se ha dicho quién lo va a pagar”. “Mucho me temo que lo vamos a pagar las comunidades autónomas”, precisó.