La FES apunta a un «uso electoral» de la subida del SMI

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La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha expresado su respaldo a la posición de la CEOE frente a las medidas económicas aprobadas por el Gobierno en periodo electoral, especialmente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que considera marcada por un «uso electoral» y sin una negociación real con las organizaciones empresariales.

La patronal segoviana cuestiona que el Ejecutivo haya aprobado un incremento salarial que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y sostiene que, al tratarse de una medida con efectos para el próximo año, debería ser el Gobierno resultante de las urnas quien la adopte.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de noviembre una subida del 5,3% del SMI, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. Frente a esta decisión, la FES reclama que las medidas que afectan al empleo y a la actividad empresarial se adopten «mediante un diálogo social y con una evaluación de sus consecuencias».

El presidente de la Federación, Andrés Ortega, defiende que las empresas necesitan previsibilidad para planificar su actividad y considera que las decisiones que modifican los costes laborales deben contar «con quienes crean y mantienen el empleo, con información suficiente y atendiendo a la realidad de cada sector».

La organización empresarial advierte especialmente del impacto que estos incrementos pueden tener sobre las pequeñas empresas y las actividades más intensivas en mano de obra en Segovia. Asimismo, defiende que las mejoras salariales deben ir acompañadas de avances en productividad y de condiciones que permitan mantener el empleo.

La FES reclama actualizar los contratos públicos

Otra de las principales reivindicaciones de la FES se dirige a las administraciones públicas, a las que pide establecer mecanismos para actualizar los contratos públicos ante el aumento de los costes salariales. La patronal alerta de que las empresas adjudicatarias deben asumir mayores gastos mientras los importes de los contratos permanecen sin actualizar, una situación que, según sostiene, compromete la viabilidad de algunos servicios y contribuye a que determinadas licitaciones queden desiertas.

«La Administración debe asumir también las consecuencias económicas de las decisiones que adopta. Las empresas que prestan servicios públicos necesitan contratos que contemplen los costes laborales que están obligadas a pagar», sostiene el presidente de la FES, Andrés Ortega.

La FES también respalda la deflactación de la tarifa del IRPF para evitar que la inflación incremente la carga fiscal de los contribuyentes sin una mejora equivalente de su poder adquisitivo, así como una evaluación del impacto de los costes de contratación sobre las familias que recurren a servicios de cuidados.

En materia de seguridad jurídica, la Federación se suma a las demandas de CEOE en relación con la regulación de los centros de datos y reclama normas «previsibles y coherentes» con el marco europeo que eviten cambios retroactivos capaces de alterar compromisos contractuales o frenar inversiones.

La organización empresarial insiste, por último, en que el Gobierno que salga de las elecciones revise las medidas adoptadas durante este periodo y recupere una interlocución efectiva con los agentes sociales. «Quien gobierne debe escuchar a las empresas y facilitar que puedan invertir y generar empleo», concluye Ortega.

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