La caja fusionada Caja España-Duero ha iniciado unos primeros contactos con la andaluza Unicaja para una posible fusión o un SIP -«fusión fría-» entre ambas entidades con objeto de alcanzar el capital de solvencia necesario que exige el Gobierno, si no quieren pasar a ser un banco o ser nacionalizadas.
Según publica hoy el Diario de León, hace casi tres semanas el Consejo de Administración de la Caja, sus treinta y cuatro miembros por unanimidad, dieron carta blanca al presidente y al director general de la entidad, Evaristo del Canto y Lucas Hernández, respectivamente, para que trazaran el plan de futuro a seguir que permitiera lograr ese core capital -«capital más reservas sobre activos ponderados por riesgo-» del 10 por ciento que exigen ahora el Gobierno y el Banco de España.
En ese consejo ya se habló, según el mismo rotativo, de la posibilidad de establecer contactos con otras cajas de ahorro y, en ese marco de actuación, se sitúan estas primeras conversaciones.
Según las fuentes citadas por el periódico, el estado de las conversaciones es inciático, pero parece del agrado de ambas partes. Unicaja es una de las entidades de ahorro que está por encima de ese umbral del 10 por ciento, en concreto tiene un core capital del 13,1 por ciento.
Fuentes próximas a la entidad andaluza, citadas por el diario, explican que a Unicaja le gustaría, de producirse, más una fusión que un SIP. Esta posible unión elevaría considerablemente el core capital de ambas entidades, con lo que la Caja lograría su capital necesario para evitar su bancarización y, además, no perdería su entidad como caja de ahorro.
Villanueva: “Caja Duero-Caja España en estos momentos, oficialmente, no tiene ningún contacto con ningún grupo”
“Yo creo que Caja Duero-Caja España en estos momentos, oficialmente, no tiene ningún contacto con ningún grupo”, afirmó hoy el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. Además, precisó que el posible inicio de conversaciones con Unicaja se enmarcan en la “preocupación” que existe en todas las entidades financieras del país sobre la modificación de la regulación que prepara el Gobierno de España.
En ese sentido, Villanueva, que compareció tras la reunión del Consejo para la Internacionalización empresarial de Castilla y León, explicó que todas las cajas de ahorro están “pendientes” del marco que regule su posición respecto a la solvencia, que anunció el Gobierno central y que auguró se aprobará la próxima semana en la reunión del viernes del Consejo de Ministros. Apuntó que el Ejecutivo central persigue “adelantar” de 2018 a 2013 los objetivos de ‘Basilea III’.
Por ello, el vicepresidente económico sostuvo que las entidades estudian su situación estratégica para alcanzar el ‘core’ capital exigido, precisamente, el mandato dado a su juicio por el Consejo de Administración de la entidad castellana y leonesa a su presidente, Evaristo del Canto, y su director general, Lucas Hernández. Villanueva consideró que se trata de “trabajar internamente” para “buscar alianzas” en el ámbito nacional, internacional o en los bancos europeos. “Está abierto todo”, apostilló.
“Cualquier entidad hoy tiene por delante, primero, que analizar la situación de la banca en el ámbito europeo; segundo, la nacional; tercero, ver las entidades de ahorro que pueden aportar algo a su proyecto, y cuarto, buscar mecanismos para hacerse con capital privado”, explicó.
Respecto a si la Junta ve con buenos ojos una posible alianza de Caja España-Caja Duero con Unicaja, Villanueva señaló que el gobierno autonómico respetará la decisión que de forma autónoma adopte la caja. “Otra cosa son los gustos”, dijo el vicepresidente segundo, si bien agregó que el Ejecutivo autonómico no se mueve en función de éstos, sino “por respeto” y aplicando, cuando interviene, el derecho español.
Al respecto, Tomás Villanueva indicó que la Junta trabajará para que la entidad tenga “futuro”, sea la “gran caja” de Castilla y León y mantenga su naturaleza jurídica. Es decir, que conserve su identificación con la Comunidad y “acompañe” a su economía. Además, concluyó que el gobierno autonómico tiene “plena confianza” en los órganos de gobierno y en sus directivos para “orientar el futuro” y agregó que ayudarán a que se “configure” un “buen” grupo en la autonomía, aunque sin entrar en “apuntar” con quien tiene que asociarse.
