CGT Segovia denuncia que la gravedad del incendio de Brieva podría haberse evitado

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Segovia ha denunciado que la gravedad del incendio declarado el pasado 20 de julio en Brieva, que llegó a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, puso de manifiesto las «situación de abandono»  que, según el sindicato, «sufre el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la provincia».

La organización sindical sostiene que la magnitud alcanzada por el incendio «no puede desvincularse de la falta de previsión y planificación por parte de la Administración en materia de vigilancia y prevención», y asegura que la ausencia de personal en varias torres de vigilancia dificultó la detección temprana del incendio.

CGT Segovia señala que las torres de vigilancia estaban vacías en el momento del incendio

En este sentido, CGT señala que en el momento en que se inició el incendio, «la zona carecía de vigilancia, ya que las Torretas de Incendios de la zona estaban totalmente inutilizadas». La torre de vigilancia de Turégano, la más cercana al lugar donde se originó el incendio, fue desmantelada hace dos años, según apunta. Además, afirma que la torre de Torrecaballeros permanecía sin personal debido a una baja de larga duración que no había sido cubierta, mientras que la de Santiuste de Pedraza también se encontraba vacante por no haberse seleccionado a ningún trabajador para ese puesto.

El sindicato recuerda que ya había advertido en anteriores ocasiones de que la sustitución parcial de la vigilancia humana por cámaras de detección no garantizaría una respuesta eficaz. A su juicio, lo ocurrido en Brieva demuestra que estos sistemas tecnológicos «no son capaces de sustituir el trabajo que realiza el personal de vigilancia sobre el terreno».

Carencias del operativo

Más allá del sistema de vigilancia, CGT denuncia una situación que califica de «profundamente preocupante» en el conjunto del operativo de incendios de Segovia. Entre las principales deficiencias, señala la falta de personal, que obliga a cubrir vacantes mediante la realización de dobles turnos; el impago de las intervenciones realizadas durante la campaña del año anterior; y la existencia de equipos de protección individual (EPI) caducados que, según el sindicato, aún no han sido sustituidos por otros nuevos, lo que «compromete la seguridad de quienes intervienen en la extinción de incendios».

Sin embargo, lamenta que estas advertencias hayan sido «ignoradas de forma sistemática hasta que las consecuencias se hacen visibles con incendios que ponen en riesgo la vida de la población, destruyen viviendas y arrasan los montes de la provincia».

La organización también critica las condiciones en las que trabajan las cuadrillas retén, que permanecen durante la campaña en bases que considera «indignas de un servicio esencial». Según denuncia, algunas instalaciones presentan acumulación de residuos, restos de maquinaria, presencia de roedores y agua de color amarillento cuya potabilidad no estaría garantizada.

Asimismo, CGT sostiene que parte del personal interviene en incendios sin haber recibido la formación práctica suficiente ni las instrucciones necesarias para actuar con seguridad durante las emergencias, una situación que, asegura, incrementa los riesgos para los trabajadores y reduce la eficacia de los dispositivos de extinción.

Reclaman un operativo reforzado

Ante esta situación, el sindicato reclama a la Junta de Castilla y León que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia. Entre ellas, solicita una plantilla suficiente, una red de vigilancia plenamente operativa durante toda la campaña de alto riesgo, equipos de protección en buen estado, instalaciones adecuadas y formación continua para el personal.

Para CGT, el incendio de Brieva constituye «un serio aviso» sobre las consecuencias que puede tener el «progresivo deterioro del servicio público de prevención y extinción de incendios», por lo que insiste en que «la protección de la población, del patrimonio natural y de las personas trabajadoras que integran el operativo debe convertirse en una prioridad real».