El Gobierno sopesa aprovechar los buenos datos de agosto, donde espera una recuperación del empleo a niveles previos a la pandemia de Covid-19, para acordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en septiembre y centrarse sin «ruidos» en la reforma laboral y de pensiones prometida a Bruselas a cambio de recibir los fondos ‘NextGeneration’ de la UE.
La ventana que se abre es clara, ya que los meses de septiembre y, sobre todo, octubre y noviembre, son malos normalmente en términos de empleo y, de repetirse estadísticas, sería más difícil de vender la subida, según aseguran a Servimedia fuentes al corriente del debate sobre la mesa.
La agenda reformista que debe retomar con el diálogo social ya en el mismo mes de septiembre es además tan ambiciosa como desafiante, puesto que los sindicatos han anunciado protestas si no se retoma la revalorización del SMI, anclado en los 950 euros desde 2020. Y es que se congeló por la pandemia tras haberlo incrementado un 22,5 por ciento en el año 2018 -desde 735,9 euros en 14 pagas, hasta los 900- y otro 5,5 por ciento en el 2019, llegando a los 950 euros actuales.
Conforme al estudio del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, la cuantía debería elevarse ahora a una horquilla entre 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas de aquí a 2023 o, lo que es lo mismo, subir entre un 6,5 y un 10,2 por ciento, para alcanzar el 60 por ciento del salario medio prometido por el Gobierno para la legislatura.
Ambos sindicatos han apremiado a dar ya pasos con alzas inmediatas y UGT ha anunciado, incluso, que podría abandonar las mesas de negociación si el Gobierno no ha abierto «un proceso de negociación serio» que garantice la subida íntegra durante la legislatura.
El calendario apremia porque el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea es tener lista la reforma laboral y la primera parte de la correspondiente a pensiones para final de año. Son dos de los grandes hitos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia a completar para que Bruselas desbloquee el primer desembolso semestral correspondiente a 2022 de los 69.500 millones de euros que espera recibir el país hasta el 2026 y, según la hoja de ruta, eran temas a decidir además con el diálogo social.
El SMI es un punto caliente que ha generado tensiones en el seno del Consejo de Ministros, con la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, proclive a retomar las alzas a un lado y al otro la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, posponiendo la decisión a una recuperación firme de economía y empleo, al ser «prioritario» la reinserción de los empleados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
La oportunidad la abrirán los datos de cierre de agosto, cuyo adelanto por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya llevó a Calviño a confiar en que los «buenos datos», de confirmarse, permitan “cuanto antes retomar” la senda de aumento del SMI.
