La Junta de Castilla y León ha fijado en un 22,6 por ciento los servicios mínimos en el sector público de la Comunidad para el día 29 de septiembre con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT, cifra que entiende “ajustada” porque reduce el 24,8 por ciento que marcó en la pasada protesta de junio de los empleados públicos.
En el ámbito de la sanidad –atención primaria y especializada- el personal que se estima como mínimo para la prestación de los servicios a los ciudadanos se eleva a un 41,3 por ciento de la plantilla de personal sanitario, y en la educación no universitaria, al 9,4 por ciento para asegurar las clases y el transporte escolar.
Como empleadora, la Junta de Castilla y León tiene una plantilla de más de 88.000 personas en 5.000 centros, de los que 21.948 estarán en situación de servicios mínimos el próximo miércoles, el 24,9 por ciento, según el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno. En la protesta del pasado 8 de junio, se cifró en el 26,8 por ciento, argumentó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, para defender que “se ha rebajado el ajuste de los servicios mínimos”.
En los entes, empresas públicas y fundaciones, con un personal de 773 trabajadores, los servicios mínimos serán de 30 personas, el 3,8 por ciento, y en las universidades del tres por ciento sobre el 5,6 fijado el pasado mes de junio con motivo de la huelga de empleados públicos.
“Es un clásico que se critique por los sindicatos los servicios mínimos”, respondió De Santiago-Juárez, desde el respeto a la huelga y ante la opinión que han dado las centrales convocantes, argumento en el que también enmarcó la decisión de UGT de ir a los tribunales y denunciar a la responsable de Administración Autonómica, Isabel Alonso, «por presunta prevaricación».
Sobre los servicios mínimos, reiteró la dificultad de buscar el equilibrio entre los que convocan la huelga y la responsabilidad de la Administración de garantizar la asistencia y atención a las personas. En tal sentido, manifestó que la limpieza de los hospitales y el transporte escolar son servicios muy importantes, que “a veces se confunde”. «No son abusivos”, añadió.
Según el decreto aprobado, se garantiza el servicio sanitario en consultas externas de atención especializada y en primaria, en las unidades de hospitalización y en urgencias y emergencias. También en el caso de personas con discapacidad, menores y en mayores que acuden a los centros específicos.
Igualmente, se garantizan unos servicios esenciales en la docencia y también en el cumplimiento de obligaciones y derechos sujetos a plazos, por lo que estarán abiertos los registros de documentación, información y caja. Además, habrá servicios esenciales en instalaciones y seguridad industrial, energética, obras públicas, guardería forestal, centros de animales, viveros y museos y centros del patrimonio artístico.