Agentes de la Guardia Civil de Segovia han detenido, como resultado de la ‘Operación Darío’, a cinco personas como presuntos miembros de una red que se dedicaba a regularizar fraudulentamente inmigrantes de origen hindú utilizando los registros municipales de parejas de hecho.
Así lo señalaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, quienes afirmaron que los detenidos, dos varones y tres mujeres con residencia en Valencia, responden a la siglas G.S. y M.S., ambos de nacionalidad hindú; y V.V.S., S.S.S. y M.C.O.C., de nacionalidad española. A los cinco se les considera presuntos autores de los delitos de inmigración clandestina, falsedad documental y usurpación del estado civil.
Durante la investigación, que continúa abierta sin descartar más detenciones, la Guardia Civil descubrió que un grupo de ciudadanos de origen hindú con residencia en Valencia contactaban con compatriotas con necesidad de regularizarse en España. Éstos, dispuestos a pagar por ello, se trasladaban a registros municipales de distintas provincias, entre ellas Segovia, acompañados de una mujer de nacionalidad española, miembro de la red, y una vez allí, se inscribían como pareja de hecho.
Las mismas fuentes apuntan que las mujeres se empadronaban previamente con falsas identidades, “de forma que podían repetir el proceso en sucesivas ocasiones”. Una vez obtenido el certificado de inscripción como pareja de hecho, el ciudadano extranjero solicitaba en la Subdelegación del Gobierno correspondiente la autorización de residencia como familiar de ciudadano comunitario.
Para conseguir la regularización los extranjeros pagaban hasta 10.000 euros y las mujeres cobraban entre 1000 y 2000 euros por participar.
Como se recordará, desde noviembre de 2010, las parejas de hecho registradas se han equiparado a matrimonios para solicitar la autorización de residencia como familiar de ciudadano europeo.
La regularización de parejas de hecho es una competencia delegada en las comunidades autónomas y una vez conseguida la inscripción como pareja de hecho, se inicia un proceso de regularización que otorga a los ciudadanos no comunitarios la posibilidad de beneficiarse de los mismos derechos que los comunitarios, entre ellos la reagrupación familiar.