La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta tiene ya resueltos unos 5.000 expedientes de personas dependientes que comenzarán a recibir su prestación de forma automática en enero de 2011, fecha en la que la Ley de Dependencia prevé la incorporación de un nuevo grupo al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. En concreto, se trata de las personas que han sido valoradas con el grado I nivel 2 de dependencia que el próximo año se incorporarán como nuevo beneficiarios. No obstante, esta cantidad de 5.000 expedientes es una cifra simbólica, ya que podría hasta doblarse a partir de enero, momento en el que está previsto que las demandas de valoración crezcan de manera exponencial.
Así lo avanzó a Ical el consejero de Familia, César Antón, quien precisó que su departamento trabaja en este sentido desde el inicio de la aplicación de la Ley, de modo que de forma paralela al análisis de solicitudes y emisión de resoluciones para los grupos que tenían derecho en cada momento de recibir las prestaciones, también ha ido atendiendo los otros casos para agilizar el sistema. Éste será el penúltimo grado en sumarse a la Ley, que se viene aplicando de manera gradual, y que en 2015 deberá estar íntegramente implantado. En ese momento se sumarán al sistema las personas con grado I nivel 1, de las que la Consejería tiene valoradas a unas 4.000.
Si se contabilizan las resoluciones emitidas hasta la fecha en la Comunidad, el 14,46 por ciento se corresponden con dependientes con Grado I que son las que comenzarán a beneficiarse en 2011 ó 2015 de la Ley, en función de su nivel de dependencia. El 73,84 por ciento, es decir 50.837, se refieren a beneficiarios con derecho a prestación, por encima de la media nacional del 68 por ciento, y el resto, 12 por ciento, a personas que, según los baremos de reconocimiento fijados, no tienen ningún grado de dependencia.
No obstante, y pese a que la Comunidad “trabaja de forma seria y rigurosa” desde la aprobación de la Ley, Antón explicó que con la entrada de nuevos beneficiarios al sistema en enero de 2011 se plantea un nuevo problema ya que, a día de hoy, todavía las autonomías desconocen a qué prestaciones tendrá derecho este grupo.
“El problema es que de nuevo vamos tarde, porque todavía no sabemos qué prestaciones hay que dar a este grupo. Existe un Real Decreto de prestaciones, pero desconocemos si se beneficiarán de todas, de unas cuantas, de cuáles…Aún no ha habido una propuesta clara del Ministerio. Las comunidades podemos pensar qué sería lo adecuado, pero, ojo, estamos ante una Ley nacional y quien debería, a estas alturas, haber hecho una propuesta es el Gobierno. Parece que siempre hacemos las cosas al revés”, denunció Antón.
Además, recordó, en un escenario de ajustes presupuestarios donde la Junta ya ha dicho que las prestaciones y servicios serán prioritarios, que desde que se viene aplicando la norma, que “en teoría” debería sufragarse a partes iguales entre el Estado y la Junta, el Gobierno de la Comunidad Autónoma “ha cumplido con creces, cosa que no ha hecho el Estado”. Así, recordó que si en 2007 la Junta aportó 373 millones, el Gobierno central destinó 17,8 millones; que en 2008 fueron 379,3 y 61,2 millones, y en 2009, 419,8 y 122,2, en cada caso. “Si las aportaciones en los presupuestos de las distintas administraciones públicas tienen que ser iguales, claramente la Administración General del Estado dista mucho de cumplirlo”, concluyó. En 2010, el presupuesto inicial del Estado es de 96,3 millones, y el de la Junta, de 389,8 millones, lo que suma 486,1 millones.
A la cabeza
A tenor de los últimos datos de gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, correspondientes al 1 de julio de 2010, en Castilla y León el 87,51 por ciento de las personas dependientes con derecho reciben prestaciones, casi 15 puntos más que la media nacional, que se encuentra en el 72,92 por ciento. Además, el consejero recordó que es la autonomía con mayor porcentaje de beneficiarios con prestaciones, con 44.485 de los 614.750 del conjunto del país.
Tras Castilla y León, en el ranking se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un 85,54 por ciento; Cantabria, con el 84,56 por ciento; La Rioja, con el 83,44 por ciento, y País Vasco y Navarra, con el 82,92 y 81,16 por ciento, en cada caso. A la cola se sitúan Canarias (41,69 por ciento), Comunidad Valenciana (56,77 por ciento), Galicia (63,18 por ciento) y Madrid (65,63 por ciento).
