El Congreso ha convalidado el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, para reducción de la temporalidad en las administraciones públicas; “un gran problema con múltiples aristas al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho frente desde el inicio de la legislatura, para poner coto a una temporalidad que superaba el 30 por ciento en la Administración Autonómica y la Local, y que no es sostenible y ni adecuada ni para los trabajadores ni para el funcionamiento de los servicios públicos”, señala el diputado socialista José Luis Aceves.

“Con esta norma, el Gobierno da cumplimiento a una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a las sentencias del TJUE y del TS que instan a atajar la temporalidad”, ha enfatizado.

“A partir de ahora nadie podrá realizar un trabajo estructural en la Administración con un nombramiento temporal que dure más de tres años y antes de ese periodo, se deberá cubrir la plaza con un trabajador fijo”. “Se abrirá un proceso de estabilización que afectará a las plazas estructurales que a 31 de diciembre de 2020 han estado ocupadas durante más de 3 años por trabajadores temporales y que el Gobierno cuantifica en 310.000”.

“Además, las Administraciones deberán ofertar las plazas que están actualmente ocupadas por trabajadores temporales en un plazo máximo de cuatro meses tras la aprobación de la nueva ley y cubrirlas en un proceso de estabilización que confiamos que sea el último”, ha remarcado. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas en el desarrollo de los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.

“Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de concurso oposición”, enfatiza. “Y solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”, subraya Aceves, señalando que en la tramitación como Proyecto de Ley se establecerá este carácter excepcional para aquellos colectivos de trabajadores públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y que no se haya publicado la correspondiente convocatoria pública.

“Y no nos olvidamos de los trabajadores públicos de los pequeños municipios, ya que los Ayuntamientos podrán encomendar la gestión de sus procesos selectivos a la entidad supramunicipal que corresponda para que también allí se cumplan estas medidas”, ha remarcado.

Aceves ha lamentado la postura de los grupos que no han apoyado la convalidación del texto instándoles a valorar “la inseguridad jurídica en la que dejan a estos trabajadores y a las administraciones en las que prestan sus servicios”.

Especialmente duro se ha mostrado con el Partido Popular “cuyos gobiernos de 2011 a 2018 acrecentaron el problema de la temporalidad en las Administraciones Públicas y establecieron después en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 procesos de estabilización, con poca capacidad de concreción y desarrollo que no han resuelto el problema”.

“En la Comisión de Política Territorial y Función Pública del pasado día 21 de junio, ustedes defendieron una Proposición No de Ley que pedía, en esencia, lo que ahora estamos votando, pero con su habitual demagogia han anunciado su voto en contra con disculpas peregrinas, en una actitud infame y ya muy común en un partido, como el Popular, sin rumbo”.

Aceves ha querido agradecer durante su intervención “el trabajo del Ministro Iceta y de su equipo ministerial durante estos últimos meses para afrontar el proceso que nos trae aquí y hoy el de la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su defensa”.