Los 25 diputados de la corporación provincial de Segovia han votado a favor de retirar la Medalla de Oro, concedida en 1957, a Francisco Franco. En el mismo acuerdo, alcanzado por unanimidad en pleno, se dejaron sin efecto las medallas otorgadas a los exministros Blas Pérez, Girón de Velase y Rafael Cavestany. Se mantiene la concesión a Pascual Marín porque fue por ser Gobernador Civil de Segovia, la misma razón por la que se le otorgó a Adolfo Suárez.
Los diputados del Partido Popular, del PSOE, el diputado de UPYD-Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruíz, y la diputada no adscrita, María Cuesta, votaron a favor de la moción socialista de dejar sin efectos los acuerdos del Pleno de la Corporación de 22 de mayo de 1957, en lo relativo a la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, “al dictador Francisco Franco Bahamonde”.
Un acuerdo que decía textualmente, que se haga “ostensible el agradecimiento y la adhesión unánime de todos los segovianos hacia el Jefe del Estado, Sr. D. Francisco Franco”. Un texto en el que se añadía, que la Medalla de Oro, se le concedía a “quien durante tanto años lleva rigiendo con singular y extraordinario acierto y clarividencia los destinos de nuestra Patria”.
Así como, a los exministros de la Gobernación, Blas Pérez González; de Trabajo, José Antonio Girón de Velase; y de Agricultura, Rafael Cavestany. Se mantiene la Medalla de Oro de la Diputación a Pascual Marín, porque se le otorgó por haber ocupado el cargo de gobernador civil, no por ser alto cargo del Movimiento. Los diputados consideraron que se debe mantener la distinción, poque se le concedió por el mismo motivo, su trabajo por Segovia como gobernador civil, que al expresidente Adolfo Suárez.
La corporación provincial, también por unanimidad, deja sin efecto los acuerdos del pleno de enero de 1960, que concedió la Medalla de Plata de la Provincia, a la Sección Femenina de la Falange Española Tradicionalista y a la Delegación Provincial del Frente de Juventudes.
En su moción, el Partido Socialista recordó que el objetivo es cumplir la Ley de la Memoria Histórica, que insta a todas las administraciones, a “tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil, y de la represión de la Dictadura.