Una deuda tributaria de 839,42 euros de la empresa concesionaria del transporte por autobús en Segovia, Avanza, ha provocado la pérdida de la subvención de 260.000 euros que otorga el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al servicio de transporte colectivo urbano para el año 2024, tal y como ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.
Una deuda de Avanza provoca la pérdida de 260.000 de subvención
Tras la publicación por el Ministerio de la resolución definitiva de estas subvenciones que dejan fuera a la ciudad de Segovia, el Ayuntamiento ha exigido a Avanza que asuma en su totalidad esos gastos. Ha estudiado, además, la imposición de las máximas penalidades a la concesionaria, “responsable directa de la pérdida de esta importante ayuda para la cobertura del déficit que genera el transporte urbano”, que se otorga, entre otras variables, por conceptos como la longitud de la red, la demanda del servicio, los criterios medioambientales y, principalmente, el déficit por billete.
El Ministerio de Transportes, tal y como han explicado desde el Consistorio, se apoyó en una de las cláusulas de incumplimiento de las subvenciones, concretamente la referida a la necesidad de que la empresa concesionaria se encontrara al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el momento de cumplirse el plazo de presentación de las solicitudes.
Según confirmaron, mientras que el Ayuntamiento cumplía todos los requisitos exigidos, además de estar al corriente de los pagos tributarios, contar con un Plan de Movilidad, la concesionaria aparecía en el archivo de la Seguridad Social con una deuda de 839,42 euros en la fecha límite de presentación de solicitudes. El Ministerio no admitió sus alegaciones pese a realizar el pago pocos días después, o sus reclamaciones sobre una eventual ruptura del principio de proporcionalidad al rechazar una subvención de 260.000 euros por una deuda de 839,42 euros.
En cualquier caso, independientemente de las medidas que adopte Avanza, el Ayuntamiento de Segovia mantiene su postura de reclamar a la empresa concesionaria esta pérdida económica mediante el equilibrio de cuentas correspondiente a 2024 y poner en marcha el proceso de “penalidades” hacia la concesionaria.