Un jurado popular decidirá si, tal y como sostienen el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, un funcionario de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Segovia se quedó con 2.000 euros de las tasas que abonaban los ciudadanos por la renovación del DNI. Se enfrenta a los delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y falsedad documental y penas de prisión. El juicio arranca mañana, a las 10.00 horas, con la elección del jurado popular a puerta cerrada en la Audiencia.
Una vez seleccionada la composición de jurado, dará comienzo la vista pública de este caso sobre los hechos ocurridos entre enero y septiembre de 2019. Según fuentes judiciales, citadas por www.eldiasegovia.es, el funcionario, que no pertenece a la Policía Nacional, trabajaba en la oficina de renovación del DNI de la Comisaría de Segovia. El jurado decidirá si cobraba tasas que no estaban estipuladas y se las quedaba o, en el caso de que el ciudadano sí que tuviera que realizar algún pago, manipulaba el sistema informático para que no quedara registrado el ingreso.
La investigación corrió a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia. Se prevé que sea un juicio largo, que dure toda la semana, hasta el viernes 18, porque han sido citados más de 150 testigos. El acusado se enfrenta a penas de cárcel, que puede superar los seis años, e inhabilitación como funcionario. La Fiscalía pide un año y ocho meses por malversación de caudales públicos, cinco años por un delito continuado de falsedad documental y una multa de veinte meses por exacciones ilegales.
Por su parte, la Abogacía del Estado no contempla la falsedad documental y se limita a acusar por exacciones ilegales, con multa de 15 meses y malversación, con un petición de un año y seis meses de prisión y multa.
