UGT Segovia ha convocado una manifestación el martes, 8 de junio, a las 12.00 frente a la institución provincial reclamando a la Diputación de Segovia que exija EPIs, la cobertura de desplazamientos, el cumplimiento del pliego de la institución y un seguimiento de las nuevas altas de trabajadores.

La secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia, María José González Marcos, ha manifestado que la empresa CLAROS, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Segovia, en pleno estado de alarma la empresa “racanea” en guantes, mascarillas y “se atreve a entregar gafas de poda que no estaban homologadas para atender a los usuarios con Covid-19”.

La auxiliar de ayuda a domicilio de la empresa CLAROS de la Diputación de Segovia Ondina Quevedo Cachorro, ha declarado que pese a ser considerada una trabajadora esencial, en los momentos mas duros de la pandemia tanto ella como sus compañeras se han sentido “abandonadas y desprotegidas” tanto por la empresa CLAROS para la que trabajan, como por el responsable del área de Servicios Sociales y al mismo tiempo presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

Quevedo ha manifestado que “han pasado mucho miedo e incertidumbre” tanto por los usuarios como por sus familiares y por ellas mismas, pero ha sentenciado que no han dejado de ayudar y atender a los mayores, a pesar de no tener los EPIS necesarios para “protegerlos y protegerse”.

La secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia ha manifestado que las llama la atención que la Diputación de Segovia, teniendo conocimiento de estos hechos, el pasado 1 de agosto de 2020 “no sólo no exige a la empresa el cumplimiento en materia de equipos de prevención, sino que le modifica y aumenta el precio por hora del servicio de ayuda a domicilio en 1,14 euros por cada hora efectiva de trabajo”.

Ante esto, González ha sentenciado que “no entienden la convivencia que existe entre la Diputación y la empresa CLAROS, puesto que les premia con un aumento del precio por hora cuando desde UGT hubo que denunciar la falta de equipos de protección”.

CONTRATACIONES

Por otro lado, la secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia ha señalado que la empresa CLAROS tiene una plantilla aproximada de 270 auxiliares “con gran trayectoria profesional a sus espaldas” y acreditadas profesionalmente.

Por ello, ha denunciado que la empresa contrate a trabajadoras “sin experiencia, sin titulación y sin acreditación profesional”, lo que considera que “no sólo está repercutiendo negativamente en que las trabajadoras de la plantilla no pueden aumentar su jornada, sino que también está repercutiendo en la calidad del servicio que se está dando a los mayores de la provincia”.

Como dato, González ha señalado que durante el año 2020 la empresa realizó 141 nuevos contratos, denunciando que “había una gran parte de la plantilla que había perdido muchas horas de contratos” debido a que muchos usuarios se dieron de baja.

“La empresa contrataba trabajadoras nuevas en vez de ofertar las horas vacantes a la plantilla” ha recriminado González.

DESPLAZAMIENTOS

González ha continuado denunciado que según su convenio regional se establece que para desplazarse de un domicilio a otro disponen de cinco minutos por cada hora efectiva de trabajo, lo que quiere decir que el usuario tiene una hora, pero se le prestan 55 minutos, y los cinco minutos restantes son de desplazamiento, pero considerados tiempo de trabajo efectivo.

La inspección de trabajo, en el mes de enero, ha obligado a la empresa CLAROS a incluir ese tiempo efectivo de trabajo efectivo de desplazamiento dentro de sus contratos, pero, por otro lado, el pliego de la Diputación establece que al usuario hay que prestarle la hora completa, y que la institución provicnial abona a la empresa 65 minutos por cada 60 minutos del trabajo de las auxiliares.

Además, establece que de la misma manera la empresa CLAROS se lo debe abonar a las auxiliares, “algo que no ocurre” ha manifestado la secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia. “Esta empresa obliga de manera unilateral a las trabajadoras a prestar los 60 minutos, pero en la mayoría de los casos hace una interpretación a su beneficio y no abona los 65 minutos a la auxiliar” ha sentenciado.

“Pueden quedar 15 o 20 minutos de muchas auxiliares que están prestando ese tiempo, la empresa lo está cobrando porque la Diputación se lo abona, pero la empresa no se lo abona a las trabajadoras” ha denunciado González.

MANIFESTACIÓN

La secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia ha manifestado que durante casi tres años se han dirigido al presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, aportando documentación para poder demostrar los incumplimientos que realiza la empresa, “tanto con el convenio colectivo como con el propio pliego de la institución”. Además, González ha señalado que han solicitado que se las reciba, pero no han recibido respuesta.

Por ello, ha afirmado, que desde UGT se han visto obligados a interponer diversas denuncias ante la inspección de trabajo que se han resuelto con sanciones y requerimientos a la empresa CLAROS, además de convocar una manifestación el martes, 8 de junio.

Con ello, pretenden que la institución exija a la empresa CLAROS a que entregue equipos de protección individual suficientes para realizar su trabajo además de obligarla “a cumplir con su propio pliego” ha manifestado González.

“Si la Diputación de Segovia con dinero público está pagando 65 minutos a esta empresa por cada hora de servicio, de la misma manera, tal y como recoge su propio pliego, la empresa lo debe de abonar a la auxiliar, porque puede haber un posible fraude a la Seguridad Social” ha afirmado la secretaria sociosanitaria de los servicios públicos de UGT Segovia.

Además, desde UGT exigen que para proteger los 270 puestos de trabajo y la calidad del servicio que se está dando a los mayores de la provincia haga un seguimiento y “exija a la empresa que las horas que haya que cubrir de nuevos usuarios lo cubra con la plantilla que tienen para que las trabajadoras puedan ampliar sus jornadas”.

Por último, González ha querido señalar que la empresa “no sólo incumple estos puntos, sino que en el propio pliego establecen que deben de tener un auxiliar administrativo por cada 500 usuarios y CLAROS tan solo tiene un auxiliar con una jornada de 30 horas semanales”.

Por ello, ha denunciado que la documentación que tienen que recibir las trabajadoras lleve un retraso “de meses”.