Durante el pasado año 2019 el SEPRONA de la Guardia Civil desarrollo a nivel nacional la operación MIZU, encaminada a la vigilancia y control de los aprovechamientos de recursos hídricos, para que se realicen conforme a los preceptos legales, de forma que se controlen todos los aprovechamientos de agua, principalmente los subterráneos aunque también los superficiales, dado que los acuíferos están interrelacionados y se produce una doble circulación entre ambos.

Dentro de este operativo, en la provincia de Segovia fueron investigadas tres personas a las que se les atribuye la comisión de un delito de distracción de aguas subterráneas, por su extracción y aprovechamiento para el riego de cultivos agrícolas mediante el empleo de varios sondeos no autorizados.

Por otra parte, en el conjunto del año pasado los efectivos de la Guardia Civil de esta provincia formularon un total de 121 denuncias por contravenir la normativa protectora del dominio público hidráulico. La mayor parte de las infracciones fueron por no tener instalados los contenedores de caudales en las extracciones de agua, así con por realizar un consumo abusivo de la misma superando los volúmenes no autorizados y finalmente por ocupaciones no permitidas en las zonas de servidumbre y policía en los caudales. Además se formularon 60 denuncias por infracciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio con la falta de seguridad de pozos de sondeo y balsas de riego.

La utilización de este recurso debe hacerse conforme a la legislación existente en materia de aguas, contando, en su caso, con las autorizaciones concedidas por los organismos competentes. El uso abusivo del agua está sancionado por la correspondiente normativa administrativa, estableciendo en el Código Penal diferentes penas para los correspondientes delitos, previstos para las conductas más graves.