La firma del plan anual y de la estrategia integrada de empleo en el seno del Consejo del Diálogo Social por la Junta, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE quedó hoy desbloqueada, tras la propuesta lanzada por la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, para la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas para complementar los ingresos de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, con los «excedentes» de tres millones de la última convocatoria incluida en el plan de choque, informa Ical.
Fuentes sindicales y patronales consultadas por Ical, reconocieron que firmarán aunque esos tres millones no responden a sus demandas, ya que pretendían lograr al menos el doble de fondos, pero asumieron que “ya no hay margen de negociación” tras meses de enquistamiento de las posturas y es preciso impulsar todas las medidas de empleo incluidas en los acuerdos en un contexto de grave crisis por la pandemia por “responsabilidad”.
Cabe recordar, que la consejera rechazó incluir estos apoyos en el nuevo plan y los sindicatos los consideraron básicos dentro del proceso de concertación e imprescindibles en un contexto de grave crisis económica por la COVID para la firma del plan, cuyo contenido lleva cerrado semanas, a la espera de una salida a este punto que llegó hoy.
Las mismas fuentes indicaron que en la jornada de hoy se celebró el Consejo de Empleo, donde se aprobó por “unanimidad”, tras la propuesta de Amigo, la memoria del plan de anual. Asimismo, está previsto que mañana, se celebre un grupo de trabajo para cerrar flecos, y el lunes tendrá lugar, según las fuentes consultadas por Ical, una reunión de la Permanente del Diálogo Social, que cerrará el acuerdo que se elevará al Consejo, para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, los secretarios generales de CCOO y UGT, Faustino Temprano y Vicente Andrés, y el CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, firmen los acuerdos, que llevan cuatro meses de retraso. El día de la rúbrica no está cerrado, pero algunos apuntan a que podría suscribirse el miércoles que viene.
Cabe recordar que el departamento de Amigo informó de que un total de 3.524 trabajadores de Castilla y León solicitaron la ayuda económica habilitada por la Consejería de Empleo e Industria para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores que se vieron afectados por un expediente temporal de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
La Junta de Castilla y León trasladó que abonará la totalidad de las ayudas económicas solicitadas una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. En este sentido, y en el supuesto de que la ayuda económica solicitada alcance la cuantía de 630 euros por trabajador, la Administración autonómica destinará algo más de 2,2 millones de euros al pago de la totalidad de las ayudas.
La actual convocatoria iba dirigida a trabajadores con una base de cotización de hasta 1.600 euros mes por contrato a tiempo completo, y con un periodo de al menos 45 días en situación de expediente temporal de regulación de empleo. Los beneficiarios van a recibir una ayuda económica de siete euros por cada día que hayan estado en esta situación, en caso de contrato de jornada completa, o su parte proporcional si el contrato o la suspensión de jornada es a tiempo parcial, con un límite de 90 jornadas completas.
Esta línea, pactada con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social en el Plan de Choque para el Empleo, contaba con una partida económica de cinco millones de euros. De ahí que la consejera de Empleo e Industria haya planteado a los miembros del Diálogo Social la convocatoria de una nueva línea de ayudas de ERTES, incluidos los de fuerza mayor, por valor de tres millones de euros y que se nutriría fundamentalmente del excedente económico registrado en la convocatoria pendiente de resolución.
La propuesta de la Consejería pasa por compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, es decir, aquellos con una base de cotización inferior a los 1.200 euros mensuales y con ingresos familiares iguales o inferiores a tres veces el IPREM. Estos requisitos, que son los que rigen en otras ayudas sociales acordadas en el seno del Diálogo Social, permitirían atender a todos los trabajadores afectados por ERTES durante un periodo de al menos 40 días y con una ayuda económica de 300 euros.
De este modo, desde el Gobierno regional explicaron que se pretende atender a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad manteniendo las partidas presupuestarias destinadas a apoyar a los desempleados y a la creación y el mantenimiento del empleo.
Paralelamente, afirmaron que «se pretende dar respuesta a la petición que de forma reiterada han venido planeando las organizaciones sindicales, condicionando la firma de los acuerdos ya alcanzados en el seno del Diálogo Social a la habilitación de una línea de complemento de ERTES».
