El Gobierno quiere poner coto la morosidad empresarial con la nueva Ley de Creación y Crecimiento, que impedirá ser beneficiaria de subvenciones públicas o convertirse en entidad colaboradora a aquellas compañías que incumplan con los 60 días de plazo fijados en la normativa pagos y cambiará además la ley de contratos públicos para que el pago en tiempo al subcontratista sea tenido en cuenta a la hora de adjudicarlos.
Así figura en el anteproyecto de la rebautizada como ‘ley crea y crece’ que este martes ha visto el Consejo de Ministros para que inicie su proceso de audiencia pública. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó en la rueda de prensa posterior que se refuerzan además «los mecanismos disciplinarios o que permiten resolver un contrato público cuando no se cumplan estos periodos de pago».
La lucha contra la morosidad entraría en el capítulo de favorecer su crecimiento, ya que el incumplimiento en tiempo de los pagos provoca «problemas de liquidez a las empresas» y otros «efectos secundarios” ya que, “en algunos casos, utilizan más mecanismos como la temporalidad para hacer frente a los problemas de morosidad», indicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Para atacarlo y «que nos alineemos con aquellos países con prácticas de pago mucho más rigurosos que tienen beneficios para todas las empresas y, sobre todo, para las pymes», abordará el problema desde la doble óptica de la transparencia e incentivos. La imposibilidad de recibir subvenciones y dificultad para acceder a contratos públicos cae en el segundo punto, de penalización clara.
Para fomentar las buenas prácticas vía transparencia extenderá la factura electrónica, lo que además reducirá los costes a las empresas, permitirá ver cómo se comportan con sus pagos y fomentará la digitalización de las compañías y de forma especial a las pymes.
Para llevar un seguimiento promueve además la creación de un Observatorio de la Morosidad, que recabará información para ver cómo evolucionan los plazos de pago y si son efectivas las medidas desplegadas para «ir avanzando a unos pagos entre empresas más saludables y, sobre todo, desde el punto de vista económico más racional», según las mismas fuentes. Se creará en el marco del Consejo Estatal de la Pyme que lleva el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Economía ve fundamental que difunda códigos de buenas prácticas comerciales y aborde campañas de formación, información y divulgación de los pagos regulados.
Remover obstáculos
Hoy se lanza a consulta con intención de que este mismo año vuelva al Consejo de Ministros ya como anteproyecto de ley a finales de año para su tramitación parlamentaria en el 2022. Las fuentes consultadas explicaron que el objetivo final, junto a las leyes de ‘startups’ y la concursal, es «dar un impulso a toda la actividad empresarial que empieza ahora para que pueda tener más alcance, arraigue mejor» y ayudarla a crecer tras la crisis de la pandemia. «Queremos tener empresas, no solo de mayor tamaño, sino también más productivas y que generen empleo de calidad», indicaron en el ministerio que lidera Nadia Calviño.
El principal objetivo de la norma será por ello remover obstáculos para la creación y viabilidad de compañía, encarando los problemas del tejido empresarial nacional, que “no es que sea menos productiva o competitiva” la empresa española, sino que logre un tamaño que le permita “desplegar todas esas potencialidades”.
La normativa puesta a consulta tiene como “medida estrella” permitir crear empresas desde 1 euro frente a los 3.000 euros exigidos ahora, para que “ese capital inicial no sea un obstáculo” y en línea con muchos otros países. Podrá hacerse además en 10 día de forma totalmente telemática, y extenderá también el documento único del centro de formación y creación de empresas de Industria, permitiendo cumplir así con los trámites exigibles con la Seguridad Social, Hacienda, el Registro, etc.
Para evitar obstáculos en su desarrollo se introduce además una modificación en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que “refuerza y mejora los mecanismos de protección de los operadores, sean empresa o los consumidores”. Así, cuando un operador entienda que hay una norma en alguna administración pública que “no está justificada al completo y no cumple los criterios de regulación e impide la libre actividad económica tanto como productores como consumidores”, puede ponerlo en conocimiento de las autoridades. Además, permitirá que la denuncia la haga tanto el interesado como asociaciones de empresas o consumidores si identifican dichas barreras.
A fin de promover su efectividad refuerza también los mecanismos de cooperación entre las administraciones públicas para evitar esos obstáculos. A tal efecto se ha creado además ‘ad hoc’ la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, que será el órgano de interlocución directa entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Este mecanismo se une a la supervisión que ya realizan el Consejo de Unidad de mercado y la CNMC para detectar, incluso, de manera anticipada medidas administrativas o normativas que puedan generar obstáculos sin responder a un principio fundamental de “necesidad, de proporcionalidad y de interés público”.
La nueva ley ampliará el catálogo de entidades exentas de licencia y extenderá aquellas ya autorizadas a todas las comunidades autónomas, dando además un mandato para una ordenanza tipo de licencias comerciales que tendrá que hacer la Conferencia Sectorial.
Crowdfunding
En materia de financiación y para ayudar al desarrollo de los proyectos apuesta por facilitar alternativas frente al crédito bancario mayoritario. Con esta norma se busca reforzar y mejorar el funcionamiento de las plataformas de financiación colaborativa o crowdfunding, que tienen capacidad para facilitar recursos a empresas en fases iniciales.
Se permitirá que las plataformas españolas puedan prestar servicios libremente en toda la UE cuando entre en vigor la norma europea en noviembre, se crea una nueva categoría de cartera para permitir que el proveedor de servicios de financiación participativa pueda invertir los fondos en nombre del inversor y se establecen garantías nuevas para el particular. En concreto, se fija un límite inicial para el ahorrador particular de 1.000 euros en inversión o el 5% de la riqueza si resulta inferior. No se les impide invertir más, pero lo hacen deberán dejar claro una advertencia de los riesgos que asumen. Los proyectos no podrán movilizar más de 5 millones de inversión en un principio, y si superan dicha cuantía tendrán que emitir el correspondiente folleto inversor.
Además, se mejora la regulación de la inversión colectiva y del capital riesgo permitiendo, por ejemplo, a este último que entre en empresas financieras con alto contenido tecnológico (Fintech), se crean instrumentos que antes no existían como la figura de fondos de deuda cerrados que invierten en préstamos o facturas de efectos comerciales y se incorporan los fondos de inversión a largo plazo europeos, orientados a pymes y empresas de crecimiento.