La exclusión financiera se está convirtiendo en un problema de primera magnitud en el medio rural de Castilla y León donde los procesos de concentración, la digitalización, el cambio del modelo de negocio por los bajos tipos de interés y la falta de rentabilidad con la despoblación están dejando sin sucursales a la inmensa mayoría de los municipios, con un especial impacto sobre la población más envejecida. Algunas entidades mantienen unidades móviles o cajeros pero la tendencia al abandono de las zonas despobladas es imparable y son las propias diputaciones provinciales desde lo público las que están impulsando fórmulas para que no se pierda este servicio básico.
Los datos que maneja el Banco de España recogidos por Ical, son demoledores, ya que la Comunidad, contaba el año pasado con 1.660 oficinas operativas, lo que supone un 45,4 por ciento menos que hace diez años y el cierre de 1.383 establecimientos en una década. Sólo en 2020, el año de la pandemia, se clausuraron en Castilla y León, 179 oficinas bancarias, con una merma porcentual del 9,7 por ciento.
Todas las provincias sufrieron de forma intensa el proceso, con Palencia a la cabeza de los territorios en pérdida relativa de sucursales, con un 53,4 por ciento, hasta 102 el año pasado. Soria se situó como la menos dañada, con un descenso del 34,5 por ciento, hasta sólo 91 oficinas en toda la provincia. Además, Zamora (127 oficinas en 2020), perdió el 49 por ciento; Valladolid (304), el 48 por ciento; Ávila (113), el 46,9 por ciento; Burgos (278), el 46,7 por ciento; Salamanca (214), el 45,3 por ciento; León (312), el 40,7 por ciento; y Segovia (119), el 40,2 por ciento.
Municipios excluidos
Este proceso deriva en que sólo 410 municipios contaban el año pasado (a septiembre), según la base de datos del BCE analizada por Ical, con servicio bancario presencial en oficina, lo que supone que el 81,8 por ciento de las 2.248 localidades de la Comunidad, ya no tiene. En concreto, la provincia con más municipios con oficina bancaria era León, con 64, con lo que el 69,7 por ciento de sus 211 localidades carecía de estos establecimientos; seguida por Valladolid, con 51 de 225, que sitúan el porcentaje de exclusión en el 77,3 por ciento.
En el extremo opuesto se situaron Ávila y Palencia, con 33 y 27 municipios con oficina, lo que supone que no disponen de sucursal el 86,7 y el 85,9 por ciento, de sus 248 y 191 localidades. Asimismo, la exclusión financiera alcanzó al 84,4 por ciento de los municipios en Burgos (sólo 58 de 371 contaban con oficina); 83,4 por ciento en Salamanca (60 de 362); 82,5 por ciento en Soria (32 de 183); 81,9 por ciento en Zamora; y 80,9 por ciento en Segovia (40 de 209).
Concentración en capitales
El proceso llega acompañado de una concentración bancaria en las capitales de provincia, donde se instalaban el año pasado ya el 37,8 por ciento de las oficinas financieras abiertas en toda la Comunidad. En concreto, las principales ciudades de la Comunidad contaban con 628 sucursales de las 1.660 que operaban por todo el territorio autonómico.
Valladolid capital sumaba 168, el 55,3 por ciento de las 304 en la provincia, el mayor porcentaje; mientras que Segovia ciudad fue la de menor peso y acogía 32 sucursales, el 26,9 por ciento del global en el espacio provincial. Asimismo, el peso de las oficinas en capital de provincia alcanzaba en Salamanca (87), el 40,7 por ciento; en Palencia (40), el 39,2 por ciento; en Burgos (104), el 37,4 por ciento; en Zamora (41), el 32,3 por ciento; en León (97), el 31,1 por ciento; y en Soria (26), el 28,6 por ciento.
Medidas públicas
Ante este panorama, los poderes públicos están adoptando medidas y en concreto, las diputaciones provinciales están impulsando servicios financieros itinerantes y la instalación de cajeros en diferentes localidades de la Comunidad.
La Diputación de Salamanca presentó a principio de año una iniciativa por la que llevará dos cajeros automáticos itinerantes, a través de los bibliobuses de la Delegación de Cultura de la institución provincial salmantina, a un total de 129 municipios que no cuentan con entidad bancaria. Así lo anunció su presidente, Javier Iglesias, quien expresó además su ilusión porque “se reproduzca en el conjunto del país”, puesto que solventa la creciente “falta de sucursales bancarias” que está llevando a la España rural a “entrar en la exclusión financiera”. La iniciativa, según confirmaron hoy a Ical fuentes de La Salina, se encuentra en fase de desarrollo y adaptación y se pondrá en marcha «durante el primer semestre de este año».
Por su parte, la Diputación de Valladolid, aprobó el pasado 28 de diciembre, un expediente de contratación para la instalación de cinco cajeros automáticos en otros tantosmunicipios de la provincia. El proyecto piloto que durará ocho años, beneficiará Alcazarén, San Miguel del Arroyo, Matapozuelos, La Pedraja de Portillo y Valdestillas.
El vicepresidente de la institución, Víctor Alonso, también anunció a Ical, que están preparando un servicio de banco bus en los pueblos. Alonso comentó que están analizando si contratar una empresa que se encargue de todo el proyecto; comprar un vehículo y licitar el servicio, incluso adaptar los bibliobuses.
A raíz de la experiencia piloto puesta en marcha por la Diputación de Salamanca, la institución provincial zamorana aprobó una moción presentada por el Partido Socialista para poner en marcha una iniciativa similar en Zamora. “Tiene que quedar claro que, si una moción es buena, se le da el apoyo necesario, sea o no de otros grupos políticos. Además, desde el Área de Cultura y Turismo ya se estaban dando algunos pasos al respecto”, según señaló, en declaraciones a la agencia Ical, el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo.
“Instalar cajeros automáticos en los bibliobuses es una opción para dar un mejor servicio y estamos perfilando el proyecto, que presenta cuestiones técnicas y jurídicas que hay que estudiar”, explicó. “Intentaremos poner en marcha la iniciativa lo antes posible porque es una forma de paliar una situación preocupante que se está dando en el medio rural de falta de ese tipo de servicio y que no contribuye, precisamente, a fijar población”, añadió.
El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, avanzó que están en contacto con la Diputación de Salamanca, con el fin de conocer más acerca del proyecto piloto que están desarrollando, el cual consiste en la instalación de cajeros en los bibliobuses, con el fin de hacer llegar este servicio a los pueblos de la provincia. “Estamos valorando cuál es la experiencia de Salamanca, para ver cuáles son los condicionamientos, de qué tipo de entidad bancaria, tipo de cajero, y sobre todo a efectos de la seguridad”, indicó Rico.
De esta manera, una vez conozcan el impacto que ha tenido esta iniciativa en la provincia salmantina, valorarán “pros y contras” de la misma para ver si se puede adaptar a la provincia burgalesa. “Nos preocupa e intentaremos buscar alguna solución para que nuestra gente en el ámbito rural no se encuentre dentro de este apagón financiero”, subrayó.
Asimismo quiso trasladar la “preocupación” de la institución por el cierre de oficinas bancarias en el mundo rural, recordando que a pesar de estar un “mundo digital”, la provincia burgalesa tiene una población rural “envejecida, que no está acostumbrada al manejo de ordenadores para operar en banca digital”. En este punto señaló también que no todas las zonas de la provincia disponen de internet y en algunos entornos es “muy flojo”.
El diputado de Hacienda y Administración General de la Diputación de Segovia, Óscar Moral, explicó que cuando pase la pandemia volverán a retomar los planes sobre este asunto porque en este momento “no tenemos nada cerrado” con el objetivo de buscar el equilibrio económico para poder llegar al mayor número de municipios posible pero que sea “con un coste que sea asumible”
Moral recordó que a principios de 2020 se abrieron conversaciones con dos entidades financieras y con un par de empresas dedicadas al transporte de fondos para estudiar instalar un número entre seis y diez cajeros en diferentes pueblos de la provincia que no disponían de este servicio financiero. A partir de marzo, por la pandemia, se quedaron en «stand by» varias de estas propuestas aunque la posibilidad de instalar estos cajeros tenía un coste sobre los 6.000 euros al mes por cada cajero y cada pueblo, que “queda fuera de cualquier parámetro financiero”. Óscar Moral también destacó la subvención por parte de la Diputación, el año pasado, de un centenar de datáfonos para comerciantes de la provincia, tanto para pequeñas tiendas en los municipios como a los que tienen comercio móvil y van por los pueblos con sus productos y mercancías.
La Diputación de Palencia también ha pedido «alternativas» al sector para las zonas que se están quedando sin servicios financieros en la provincia.
