Senadores del PP de Segovia denuncian el ‘hachazo fiscal’

Los senadores del PP de Segovia denuncian el ‘hachazo fiscal’ del Gobierno de Pedro Sánchez que «asfixia a impuestos» a los españoles.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del que forman parte la Presidenta del PP, Paloma Sanz, el Vicepresidente 1º de la Cámara, Javier Maroto y los senadores, Juan José Sanz Vitorio y Mª Ángeles García, exige al Gobierno que “ponga fin a su hachazo fiscal” a costa de “meter la mano en el bolsillo de los españoles”. “Ya está bien de hacer caja con el esfuerzo de los españoles asfixiados a impuestos”, indican.

“Desde que Sánchez llegó a la Moncloa la subida de impuestos ya roza el riesgo. Con el nuevo año incorpora 9 subidas de impuestos más”, explican los senadores segovianos, al tiempo que recuerdan que con “Sánchez las familias pagan más impuestos que nunca, ya que ahora cada español paga 2.600 euros más en impuestos al año, mientras que el Estado recauda un 43% más que en 2018. Esto es insoportable”. Así, reprochan que desde el Ministerio de Hacienda suban el IVA al 4% a los alimentos básicos, como el pan o los huevos; mientras que otros alimentos como la pasta pasan del 7,5% al 10%. “Basta ya de ahogar a los españoles y a su cartera”, inciden los populares.

ARMENGOL NIEGA UN ALIVIO AL SECTOR DE LAS PELUQUERÍAS

“Exigimos al Congreso que deje de retener esta ley del PP. Es la primera de las 15 leyes Feijóo aprobadas en el Senado, y Armengol niega el debate por miedo a perder la votación”, subrayan los populares, y explican que se trata de una reivindicación que el sector lleva pidiendo desde hace 12 años para mantener la actividad y el empleo. “¿Y cuál ha sido la postura del Gobierno? Rechazar cualquier tipo de mejoras impositivas alegando siempre falsas excusas”.

Igualmente, los populares segovianos indican que en el Congreso se han producido hasta 39 prórrogas a esta ley, “lo nunca visto”. Por ello, recuerdan a Armengol que el próximo 5 de febrero “tiene una oportunidad para acabar con esta situación. Poner fin a una tomadura de pelo para un sector de nuestro tejido productivo que emplea a 150.000 personas, que ven en riesgo sus puestos de trabajo”.

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