La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta aprobó, a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales, un montante de 839.301 euros para la provincia de Segovia, con 189.478 euros para el Ayuntamiento de la capital, y 649.823 euros para la Diputación, para garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, afectados por el cierre de centros educativos y para otros problemas sociales derivados de la pandemia.
Según explicaron desde la Junta, la distribución de estas ayudas se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada entidad local que estaban accediendo con una beca al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas. De tal manera que, el Ayuntamiento de Segovia recibió 64.919 euros, para atender a 400 escolares, y la Diputación 82.899 euros para 527 niños y niñas de toda la provincia.
El consistorio segoviano hace llegar la ayuda a las familias de la capital y los barrios incorporados a través de tarjetas-monedero, mientras la Diputación lo hace mediante transferencia bancaria a la cuenta de los padres.
Además existe una segunda línea de financiación, por la que el Ayuntamiento recibe 124.553 euros y la Diputación Provincial 566.924 euros del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del Covid-19. Con estas partidas se podrán reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario; el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.
Estos fondos, según destacó la Junta, también se pueden destinar a incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones; adquisición de medios de prevención (EPI), o ampliar partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.