La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Segovia (PAH), según la noticia publicada por el Acueducto-2 el pasado 14 de agosto bajo el titular ‘Segovia en la ruta de los okupas’, en relación con las declaraciones del Alcalde de El Espinar sobre el Bloque de San Rafael, quieren manifestar que:
«La vulneración al derecho al padrón que está ejerciendo el Ayuntamiento de El Espinar, en Segovia, y del que se jacta su Alcalde, Javier Figueredo, del PP, como dice en la entrevista del citado periódico digital, va contra las Resoluciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del año 2015 y 2020, que clarifica algunas cuestiones en materia de empadronamiento e impide a la práctica que los Ayuntamientos puedan obstaculizar el padrón a familias que se encuentran en situación de ocupación, lo que Figueredo está haciendo desde que llegó a la Alcaldía.
El padrón es un registro estadístico que recoge el número de personas que viven en un municipio y por ello es la puerta de acceso a derechos básicos: como el acceso al sistema público de salud o a la educación, y las administraciones locales tienen la obligación de proporcionarlo a todos sus vecinos y vecinas sin discriminación. Por tanto, el Ayuntamiento de El Espinar está incumpliendo una normativa que proviene de la Constitución, de la Ley y de las citadas resoluciones. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A- 2020-4784
El edificio citado de San Rafael consta de 14 viviendas y la mayoría tienen contrato de alquiler en vigor. Dichos alquileres están firmados con la entidad Herzuri Construcciones, S.L, constructora que entendemos es a la mafia que se refiere el Alcalde Figueredo en sus declaraciones, ya que la empresa siguió cobrando el alquiler a las familias hasta agosto de 2018, cuando el bloque ya pertenecía a la SAREB, nueva propietaria desde el 21.12.2017 tras un procedimiento de ejecución hipotecaria y registrada a su nombre el 5.2.2018. Esta nueva situación no se comunicó a los inquilinos afectados por ninguna de las dos partes. Se enteraron cuando les llegó la orden de lanzamiento que no llegó a producirse por el reconocimiento a su derecho a permanecer en ellas en la sentencia del 1 de octubre de 2019 del Juzgado nº 5 de 1ª Instancia e Instrucción de Segovia.
En la actualidad, Pah Segovia con las afectadas estamos en conversaciones con la SAREB para regularizar la situación del Bloque, y conseguir las renovaciones de los alquileres ya sean sociales o asequibles según el grado de vulnerabilidad de cada familia.
Hay dos familias que nos consta que están ocupando y son las únicas solicitantes del empadronamiento, ya que el resto de inquilinos lo están desde hace varios años. Ambas son de origen magrebí. Una tiene dos hijos menores, lleva en España más de 15 años trabajando y la otra, con nacionalidad española está embarazada de 9 meses, suponemos que la próxima semana habrá dado a luz sin estar empadronada gracias a su Alcalde, que en lugar de protegerlas y más sabiendo que ambas tienen antecedentes de violencia de género, información que conoce por la documentación enviada con la solicitud de empadronamiento el 6 de junio, parece estar más preocupado de su origen que de facilitar su integración en la comunidad de su Municipio.
En la Pah llevamos trabajando desde hace más de 10 años el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda la ciudadanía pero los distintos gobiernos, sin la voluntad política de proteger la vivienda como bien de uso social solo han conseguido que el parque público de vivienda social no llegue ni al 2% frente al 15% de media de los países de nuestro entorno, parque que se podría incrementar con las viviendas procedentes de entidades bancarias rescatadas con dinero público que no van a devolver y de fondos buitre que las han conseguido a precio de saldo y que mantienen vacías para especular con ellas.
Con este ínfimo parque de vivienda social, la ocupación de viviendas vacías de familias en situación de vulnerabilidad es en estos momentos la única opción de acceso a un techo para muchas familias que han sido desahuciadas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler por causas sobrevenidas y de buena fe. Criminalizar la ocupación con la connivencia de los medios de comunicación, a base de reportajes, noticias y tertulias parciales y tendenciosas y, en este caso, las declaraciones de un alcalde irresponsable o con oscuras intenciones, para no afrontar la emergencia habitacional y social de las familias vulnerables.
Javier Figueredo, Alcalde de El Espinar ha mentido….
– Ni todo el bloque son viviendas ocupadas
– Ni todas son familias marroquíes
– Ni es potestad de la Alcaldía negar el empadronamiento.»
Texto firmado por Pah Segovia, asociación de afectados por la hipoteca.