El portavoz de Transportes del GPP y senador por Segovia, Juan José Sanz Vitorio ha preguntado a Puente “si puede asegurar que la concesión de la explotación y mantenimiento de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 finalizará en el año 2029”.
Exige al ministro de Transportes que aclare si “desconoce el Real Decreto 525/2012, si piensa incumplirlo; o si está mintiendo a los usuarios de la AP-6, AP-51 y AP-61”.
Recuerda la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 22 de abril de 2010, y que, precisamente lo que hace el Real Decreto 525/2012 es dar cumplimento a esta sentencia y “obliga la reducción de siete años del periodo de adjudicación, recoge también la indemnización y la nueva licitación de estas autopistas”.
Señala que, en abril de 2020, el Gobierno del PSOE decide la adjudicación de 37 años y después reduce esa licitación en esos 7 años, como dice el Real Decreto 525/2012; pero lo que no hace el Gobierno es cumplir con la indemnización por esos 7 años y la nueva licitación; tal y como dice el Real Decreto antes citado en sus puntos dos y tres.
Denuncia que el Gobierno del PSOE se escuda en la realización de un “estudio de previsiones de impacto” previsiblemente en el 2029, “como excusa para no hacer la variante de San Rafael, para no desviar el tráfico pesado, para no bonificar a los usuarios recurrentes; en definitiva, no toma la decisión que le correspondía”.
Avisa a Óscar Puente de que “no es bueno que tome a los ciudadanos por idiotas” y le indica que estos son los problemas que tiene que resolver y las preguntas a las que tiene que dar respuesta”.
