La Junta pidió que las nueve provincias de Castilla y León pasaran esta semana a la fase 3, pero el Ministerio de Sanidad no lo autorizó. Así se desprende de la ‘propuesta de desescalada’ enviada a Madrid y que recogen los documentos subidos ayer a la página web de Datos Abiertos, según publica hoy Diario de Valladolid-El Mundo.
En su solicitud, la Junta pidió el avance en bloque de toda la autonomía a la última etapa previa a la ‘nueva normalidad’, tal y como en un inicio anunció la consejera de Sanidad, Verónica Casado. La decisión se tomaba a la vista de los «muy buenos» datos epidemiológicos y la situación sanitaria de la Comunidad, según dijo ella el martes.
Un día después, Castilla y León trasladó esa petición por escrito y verbalmente al ministro Salvador Illa, con quien ese mismo miércoles mantuvo una reunión bilateral, dando paso al análisis y estudio de la documentación técnica enviada.
El giro se produjo 24 horas después. El jueves la consejera Casado anunció que Castilla y León sólo pediría el progreso en la desescalada para cinco provincias (Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora) manteniendo a Salamanca, Ávila, Segovia y Soria en fase dos. La razón esgrimida fue la proximidad de estos cuatro territorios con Madrid, a la vista del aumento de casos en los últimos días y de los brotes en País Vasco y Cataluña.
El documento enviado desde la Junta asegura que el avance generalizado a la fase tres de las nueve provincias se solicitó al acreditar el cumplimiento de los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Los datos del Centro Nacional de Epidemiología muestran, sin embargo, que la incidencia de casos durante la semana anterior (del 1 al 7 de junio) cuadruplicaba la tasa permitida en Soria y la duplicaba en Ávila, mientras en Segovia y Salamanca se situaba ligeramente por encima, similar a la de Ciudad Real, que desde ayer sí disfruta de las aliviadas restricciones de la fase tres.
En su propuesta, Castilla y León también defiende el cumplimiento del resto de requisitos exigidos por el Ministerio, como disponer de suficientes equipos de protección, personal para la vigilancia epidemiológica y capacidad en los centros hospitalarios, entre otros indicadores. En concreto, constata que la Comunidad dispondría con las UCI extendidas del número de camas de cuidados intensivos suficientes para cumplir con los ratios requeridos por el Ministerio para el cambio de fase (entre 347 y 462 plazas) así como de las camas de hospitalización (hay 10.134 disponibles, sumando recursos intermedios).
En la propuesta remitida a Madrid, Castilla y León sí planteaba introducir algunas restricciones a los usos permitidos por el Gobierno central para aquellos territorios que entrasen en la fase tres. El documento alude a «la limitación» de algunas medidas del plan de desescalada «en aquellas provincias en las que los criterios de salud pública, por datos epidemiológicos o cualquier otra circunstancia relevante así lo hacen aconsejable».
«Las medidas a restringir serán fundamentalmente las relacionadas con aforos en lugares y espacios en los que pudiera favorecerse la transmisión en población general, así como aquellas otras que pudieran incrementar riesgos en colectivos especialmente vulnerables», apostilla el texto.