El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) condenó a la Consejería de Sanidad y a su aseguradora a una indemnización de 25.000 euros a la hija de una paciente a la que se le diagnosticó tarde un cáncer en el Hospital Río Carrión de Palencia y, finalmente, falleció a los 55 años de edad.
La paciente acudió en diciembre de 2014 al centro hospitalario, derivada por su médico de cabecera, por presentar tos persistente. Allí se realizó Rx de tórax, que informó de un nódulo pulmonar, por lo que fue derivada a la Unidad de Diagnóstico Rápido de Neumología, siendo atendida apenas unos días más tarde, según recoge la sentencia que ha sido tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.
La neumóloga que recibió a la paciente decidió repetir la Rx. En el informe de radiología se indicaba que ese mismo nódulo ya se veía en una placa previa realizada en el año 2011 por otro proceso distinto. La neumóloga solicitó que se le realizara un TAC torácico, ante una imagen que le resultaba sospechosa. El TAC se efectuó el día 16 de enero de 2015, concluyendo que “no se puede descartar malignidad, por lo que recomienda realizar PET-TAC”.
La neumóloga, a la vista de este último informe radiológico, con «buen criterio» solicitó PET-TAC para descartar que pudiera tratarse de un cáncer, «que es lo que apuntaba el radiólogo». Sin embargo, la jefa de Servicio «desautorizó dicha prueba, sin ofrecer a la paciente otra alternativa a ese PET-TAC, como una broncofibroscopia, para descartar la posible malignidad del nódulo que informaba el radiólogo». La jefa de Servicio únicamente pautó control evolutivo, solicitando TAC en tres meses, apuntan en el comunicado facilitado por ‘El Defensor del Paciente’ y recogido por Ical.
El primer TAC de control se realizó en mayo de 2015, en el que se informó que el nódulo no había cambiado significativamente su tamaño respecto del estudio previo de enero; citando a la paciente para nuevo control en el mes de noviembre de 2015. Este TAC de mayo de 2015, sin embargo, seguía sin poder descartar la malignidad del nódulo.
A la espera de esta nueva consulta, en octubre de 2015, a la paciente se le realizó una Rx de tórax a petición de su médico de cabecera, por persistir la tos, informando de «un aumento del tamaño del nódulo pulmonar respecto del estudio del mes de mayo». La conclusión del estudio radiológico es de alta probabilidad de carcinoma de pulmón, remitiendo a la paciente a consulta con su neumóloga. La neumóloga solicitó TAC urgente, realizado el 10 de noviembre de 2015, y que concluyó la existencia de una tumoración de crecimiento lento; diagnóstico confirmado el día 30 de ese mismo mes por la biopsia solicitada por la neumóloga, quien derivó urgentemente a la paciente al Servicio de Cirugía Torácica.
Sin oportunidad curativa
El 11 de enero de 2016, Cirugía Torácica desestimó la intervención quirúrgica. El estadiaje de la lesión no permitía ya ninguna actuación quirúrgica sobre la misma. A la paciente «no le quedó más alternativa terapéutica que recibir quimioterapia, puesto que la lesión era irresecable y no permitía ya ningún tratamiento con fines curativos, con unas probabilidades de supervivencia a los tres años del 25 por ciento».
En ese momento, había pasado un año desde la realización del TAC de enero de 2015, que informaba de la presencia de un nódulo sospechoso. Aquel TAC que recomendaba realizar pruebas complementarias para descartar malignidad, y que habiendo sido solicitadas por la médico neumóloga que atendía a la paciente, fueron desautorizadas por la jefa de servicio, «sin ofrecer a la paciente ninguna otra alternativa para poder descartar de otro modo esa sospecha de malignidad, ante la negativa a realizar la prueba recomendada por el radiólogo y solicitada por la neumóloga».
Con esta actitud, «se retrasó el diagnóstico del carcinoma de pulmón, lo que disminuyó drásticamente las posibilidades de curación de la paciente, ante la evolución del cáncer sin diagnóstico ni tratamiento durante todo este tiempo, que imposibilitan la resección del nódulo pulmonar, que había invadido ya otras zonas», señalaron. Es decir, la paciente «fue privada de toda oportunidad curativa».
Por todo ello, trasladaron que la hija de la paciente no cejó en la lucha por «el reconocimiento de esa incorrecta actuación», de la que siempre se quejó en todas y cada una de las ocasiones en que acompañaba a su madre el médico.
Con independencia de la indemnización reconocida, puesto que «nunca fue su objetivo buscar una compensación económica», la hija acudió al Defensor del Paciente para evitar en un futuro que «decisiones equivocadas, basadas en criterios no clínicos, sino en criterios de economía de recursos, puedan resultar fatales para los pacientes».
