El 49,2 por ciento de los castellanos y leoneses no sabría a quién dirigirse en caso de padecer un problema de tipo legal. Pese a esta desorientación, los ciudadanos de la Comunidad tienen una actitud activa y han pasado de sólo quejarse a reclamar sus derechos cuando consideran que éstos han sido vulnerados. Así el tres de cada diez cree que sus derechos no están bien protegidos. Así se desprende del III estudio de ARAG, desarrollado por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Cataluña.
De esta forma, entre el 82,4 y el 45 por ciento de los castellanos y leoneses actúan, en función del problema vivido, principalmente en el ámbito del consumo (82,4) y de la vivienda (65,2). En cuestiones laborales (48,9) y relativas al automóvil (45), el nivel de reclamación es inferior, bastantes puntos por debajo de la media nacional. Además, el 29,5 por ciento manifiesta que sus derechos no están bien protegidos, siendo éste uno de los porcentajes más bajos del país junto a Cantabria, Murcia y Valencia.
Esto se corresponde también con la idoneidad de las medidas que los ciudadanos de la Comunidad son capaces de llevar a cabo. En consumo, las medidas que toman son las adecuadas en un 18,3 por ciento (frente al 14,5 nacional) y en vivienda las acciones son útiles en un 40,3 por ciento (frente al 34,9). Sin embargo, la proporción se invierte en laboral (donde sólo son idóneas el 28,9 de las acciones frente al 47 nacional) y en auto (son adecuadas el 8,3 de las decisiones que se toman frente al 32,3 nacional).
Problemas legales
El III Estudio Arag también pone de manifiesto que los problemas legales más frecuentes entre los castellanos y leoneses son los relativos a consumo (55,9 por ciento), seguido de vivienda (26,4), automóvil (23,6) y laboral (17,7). Estos porcentajes son muy similares a la media nacional, a excepción del ámbito laboral que se encuentra 5,5 puntos por debajo del promedio español (23,2). En concreto, los temas relativos a telecomunicaciones, consumo general y suministro de servicios (consumo); los problemas con los vecinos y con la comunidad de propietarios (vivienda); condiciones de trabajo y despidos (laboral) y sanciones y accidentes son los que generan más problemas legales.
Los ciudadanos que aseguran saber a quién acudir en caso de un problema y que tienen claro que quien mejor les representará es un abogado (59,2 por ciento), también aseguran que los letrados sólo deben utilizarse en casos graves y tienden a pensar que defender sus derechos conlleva la obligatoriedad de iniciar un proceso judicial. “Que un ciudadano reciba asesoramiento legal cualificado y que reclame no implica que deba ir a juicio. La principal función del abogado es utilizar todos los mecanismos posibles para defender sus intereses de forma rápida y eficaz. Según nuestra propia experiencia, sólo el 16 por ciento de los casos se resuelven en un juicio” aseguró la directora de Comunicación Corporativa de ARAG, Virginia Tusell.
En cuanto al perfil de la persona que manifiesta haber tenido problemas legales, mayoritariamente se trata de un individuo residente en zona urbana que tiene entre 25 y 49 años y con estudios superiores. En lo que se refiere a su situación laboral, se dan principalmente entre personas en activo, probablemente, éste es el motivo por el que son más frecuentes entre la población masculina.
Finalmente, el estudio también analiza los efectos que los problemas legales tienen en la vida cotidiana. El 56,5 por ciento de los castellanos y leoneses consideran que éstos sí les afectan, un punto por debajo de la media nacional, y que les hace sentir irritados, intranquilos, cansados y tristes, a la vez que sufren dificultades para dormir y pierden eficacia en su trabajo. Esta situación no provoca, especialmente, que deba pedirse una baja laboral, ya que sólo el 6,8 por ciento lo consideran necesario.