El profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, Miguel Ángel Andrés Llamas ha sido reconocido con el Premio Internacional de Investigación «Instituto Universitario García Oviedo» por su trabajo de investigación sobre «La morosidad de la Administración: obligaciones y contratos públicos». Un estudio que el jurado ha querido reconocer en esta séptima edición del premio, por «la calidad y originalidad de la obra, la amplitud de su enfoque material, el rigor de su construcción y la solidez de las propuestas que plantea».
Una investigación en la que ha analizado la morosidad de la Administración desde una perspectiva jurídica, analizando la amplia legislación existente sobre el tema, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), como autonómica y local. Un análisis que realiza no sólo desde el ámbito de la contratación pública, donde la morosidad aparece ampliamente regulada especialmente tras la crisis del 2008, sino, y esta es la principal novedad que lo realiza de forma transversal, abordando la morosidad en todos los ámbitos de actuación de las administraciones públicas, desde el pago de las becas a la dependencia.
Un asunto que hay que concebir, según el profesor Andrés Llamas, «de forma global, con un tratamiento general, de forma que haya una misma respuesta a la morosidad estructural de las administraciones, y que ahora mismo no hay».
Una respuesta que pasaría no sólo por reconocer de forma automática los intereses de demora que genera la morosidad de la administración, sino por la prevención, con la dotación de recursos humanos y materiales para que no se produzca, señala el profesor.
«Vemos que la morosidad suele producirse sobre todo en situaciones de crisis, lo vimos en el 2008 y ahora con los ERTES, por ejemplo. Tanto entonces, como ahora, la mejor forma de evitar la morosidad administrativa es incrementar el personal, reforzar la administración en los ámbitos que haya más demanda, ahora en el caso de los ERTES o por ejemplo en el caso de las administraciones autonómicas, en la Dependencia».
Y ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante la morosidad de las administraciones? Según la legislación actual el único recurso eficaz es acudir a los tribunales, con el consiguiente gasto, y la dificultad añadida de tener que probar los daños derivados de la morosidad administrativa para poder reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración, algo muy difícil de hacer y con escasos ejemplos a favor de la ciudadanía.
Para evitar llegar a esto, habría que facilitar nuevos procedimientos de reclamación para solicitar no ya una indemnización (que debería seguir el procedimiento actual), sino el pago y los intereses de demora, concluye el profesor de la Facultad de CC. Jurídicas y Sociales del Campus de la UVa en Segovia.
La investigación completa se publicará en breve por la editorial Tecnos como parte del galardón, un premio dotado también con 1.500 euros.
Premio Internacional de InvestigaciónEl Instituto Universitario de Investigación García Oviedo es uno de los Institutos de investigación de carácter jurídico más antiguos de España. Creado en el año 1954, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, lleva el nombre del que fuera decano y rector de las mismas, Carlos García Oviedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla entre 1913 y 1954. En el año 2011 fue reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía como Instituto Universitario de Investigación, actualmente lo integran treinta doctores pertenecientes a la Universidad de Sevilla y otras Universidades españolas.
El Instituto otorga desde hace siete ediciones un Premio Internacional de Investigación, a los mejores trabajos presentados sobre investigación jurídica, legislación y práctica jurídica, en el ámbito del Derecho Público, y en particular sobre Derecho Administrativo. En esta edición se presentaron nueve trabajos, entre ellos el del profesor de la Universidad de Valladolid, ante un jurado formado por Concepción Barrero Rodríguez, directora del Instituto; Tomás Cano Campos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; José A. Montero Fernández, Magistrado del Tribunal Supremo; Encarnación Montoya Martín, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; y Juan M. Trayter Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Gerona.
