El Partido Popular presentará en todos los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León una moción para exigir al Gobierno de España pongan fin al perjuicio causado a las entidades locales y que que haga efectivo el pago de los 750 millones de euros por el desplazamiento de los ingresos del IVA de diciembre de 2017. Un paso más, sostuvo su secretario autonómico, Francisco Vázquez, tras la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Castilla y León a la que le tiene que devolver 182 millones de euros.

Francisco Vázquez afirmó que tras este “importante varapalo del Supremo”, vendrá “una cascada” de reclamaciones del resto de los comunidades autónomas por ese impuesto propio que es “cedido” pero que el Gobierno a la hora de desembolsar el dinero “se queda con ello”.

Vázquez defendió que Castilla y León ha sido la primera en “deshacer este entuerto” y recordó el articulo de opinión del exsecretario de Estado socialista, Octavio Granados, en el que lamenta que “el PSOE ha defendido el botín como si fuera legítimo y no lo era”. Una postura de este destacado socilialista, según Vázquez, poco tiene que ver con los socialistas de Castilla y León “totalmente sumisos al Gobierno rapiñero de Sánchez”.

En la moción, los populares exigen al Gobierno de España que “cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones de euros”, para dejar claro que “este pago no constituye ninguna dádiva o favor” a las entidades locales “sino el pago de una deuda que el Gobierno mantiene desde hace dos años con todos los vecinos” de los municipios.

Además exigen la Gobierno que deje de “discriminar” a las entidades locales y les permita poner el marcha el fondo de reconstrucción local de 3.000 millones de euros y el fondo para paliar el déficit del transporte público de 1.000 millones de euros, así como la puedan gestionar el 14,6 por ciento de los fondos europeos de recuperación.