El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia acordó este miércoles posponer el desahucio al próximo 9 de noviembre para ejecutar una sentencia del año 2018, cuando el Juzgado acordó el desalojo de los ocupantes de la vivienda porque no tenían ningún título de propiedad ni pagaban ninguna renta al legítimo propietario, según han informado fuentes judiciales.
En ese procedimiento judicial, los demandados estuvieron representados por un abogado y un procurador de oficio que defendieron sus intereses. Desde que se dictó sentencia y se acordó el lanzamiento, en diciembre de 2018, han sido requeridos en reiteradas ocasiones por el órgano judicial para que abandonaran la vivienda. Las comunicaciones han sido por correo certificado. También han sido informados telefónicamente. En 2018, además se comunicó el desahucio a los Servicios Sociales y se les daba cuenta de la situación.
El Juzgado pospuso ayer al 9 de noviembre el desahucio tras poner en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento la situación de los dos menores que vivían en el inmueble ocupado por sus progenitores.
En su comparecencia de ayer en el Juzgado, y tras el nombramiento de un nuevo abogado, la pareja se comprometió a desalojar la casa antes del 9 de noviembre y a asistir a la nueva cita con los Servicios Sociales, ya que no acudieron a la concertada el pasado 30 de septiembre.
El juez, que dictó la sentencia, no interviene en la ejecución de la misma, que es competencia del Letrado de la Administración de Justicia y de la Oficina Judicial. Por tanto, el juez no acordó ayer ninguna suspensión ni prórroga del desahucio.
