La Junta de Castilla y León contabiliza okupas en dos viviendas de titularidad pública en Segovia. En total, en la Comunidad Autónoma, la Junta cifra en 46 las viviendas que están ocupadas ilegalmente y cuya titularidad la corresponde.
Según los datos que maneja Ical, el mayor número de esta ocupación ilegal se encuentra en Burgos, en concreto en la localidad de Aranda de Duero (21).
Le siguen las provincial de Ávila (8 casos) y León y Palencia, con seis en ambas provincias.
A continuación se sitúa Segovia, con dos viviendas de titularidad pública ocupadas. En el caso de la provincia de Segovia, el expediente de desahucio se encuentra en tramitación.
También se registran dos en Valladolid y una en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en trámites para recuperarla.
Son los datos remitidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a las Cortes, en los que también informa de las viviendas de promoción pública sin adjudicar, del total de viviendas en régimen de alquiler y de compraventa que gestiona y de las deudas pendientes de abono a comunidades de vecinos.
Ocupación ilegal en Castilla y León
En concreto, la ocupación ilegal de viviendas de protección afecta a siete de las nueve provincias.
Sólo se libran Soria y Zamora, en las que no se contabiliza ningún caso en este momento.
El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones explica que cuando tienen noticia de un caso se evalúa la situación.
También se analizan las posibles medidas que se pueden adoptar por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
Entre esas medidas, están cómo proceder a la entrada en la vivienda y al lanzamiento del inmueble ocupado ilegalmente.
Pendiente de adjudicar
Por otro lado, un total de 84 viviendas de promoción pública se encuentran pendientes de adjudicación, en unos casos ofrecidas y pendientes de aceptación, en trámites o en la mayoría de los casos por reparaciones.
Burgos y Salamanca son las provincias donde hay más pendientes de ofrecer. Son 18 en ambos casos, localizadas en la burgalesa localidad de Aranda de Duero y en las salmantinas de Béjar (11) y Ciudad Rodrigo (3), que computan la mayoría.
Otras 16 se localizan en Palencia, diez en la capital y dos en Guardo, entre otras.
Sigue León con nueve pendientes, de ellas tres en Villamanín y dos en Ponferrada.
Nueve pendientes en Valladolid, cuatro en la ciudad y dos en Tordesillas.
En Soria, son seis, con dos en la capital y las mismas en Monteagudo de las Vicarías.
Cuatro contabiliza Zamora, tres en Benavente.
Por último, tres en Ávila.
Deudas
En relación a las deudas económicas de viviendas de protección pública correspondientes a comunidades de vecinos en los años 2022, 2023 y hasta abril de 2024, se elevan a un total de 117.952 euros. De ese total, 45.565 euros (38,6 por ciento) son en Valladolid, en concreto 29.162 euros en localidades de la provincia y 16.403 euros en la capital.
Los abonos pendientes corresponden a siete de las nueve provincias, en un apartado en el que están libres Burgos y León.
Tras Valladolid, sigue Soria (26.022 euros).
A continuación, se sitúa Segovia (16.859 euros).
Por último, Palencia (14.426 euros) y Salamanca (10.349 euros).
Mientras que en Zamora y Ávila las cantidades son más modestas.
