La Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno en la Comunidad firmaron un protocolo para «maximizar» la coordinación de las acciones y los medios de ambas administraciones en su actuación contra el Covid-19 en las residencias de las personas mayores, los centros de discapacitados y las viviendas tuteladas. El objetivo último es poder mejorar la situación de las residencias afectadas, para que vuelvan a una situación estable, que permita el normal funcionamiento de las mismas, y prevenir para evitar contagios en el resto.

Se centra la atención en las residencias que por su situación actual tienen un número elevado de personal laboral y/o de residentes con síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus. De otro lado, se consideran residencias de carácter general las que no tienen ningún caso de personal laboral y/o residentes que tengan síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus, y, en el caso de existir alguno, está suficientemente aislado y controlado.

El acuerdo, que se enmarca en el comité de dirección del Plan de Protección Civil de Castilla y León, es mejorar la respuesta «coordinada» e «integral» de las acciones y los medios de las administraciones en relación a las labores de vigilancia, desinfección, atención, mantenimiento y seguimiento de los 1.214 centros existentes en la Comunidad.

Un comunicado conjunto de ambas administraciones señaló que la evolución del coronavirus en la autonomía confirma que uno de los grupos de riesgo que más está sufriendo esta emergencia sanitaria son las personas mayores. La preocupación por este grupo de riesgo, y por el personal que atiende estos centros, ha sido objeto de un constante seguimiento y toma de decisiones en las diversas reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) autonómico, que se han ido celebrando sucesivamente desde la activación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal), tras la declaración del estado de alarma, así como en las diferentes reuniones de los Cecopis provinciales celebradas diariamente. Por eso, administración regional y central consideran necesario seguir avanzando en esta coordinación de esfuerzos por parte de las diferentes administraciones para poder así minimizar los riesgos del Covid-19.

Por ello, la Junta de Castilla y León, con la intervención de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Presidencia -en la coordinación de los delegados territoriales-, Fomento y Medio Ambiente, y la Delegación del Gobierno, junto con las nueve subdelegaciones provinciales, acordaron la firma del protocolo para «maximizar» la coordinación entre ambas administraciones para la mayor protección y prevención de los centros residenciales de mayores y discapacitados.

Por parte de la Junta de Castilla y León, se desarrollarán las acciones de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, las unidades Covid-19 de Atención Primaria y de residencias, la actuación en desinfecciones de funcionarios y particulares voluntarios. En cuanto a la labor del Gobierno de España, se centra en la posible intervención de las Fuerzas Armadas, previa solicitud al Ministerio de Defensa.

Seguimiento en cada provincia

El comunicado precisó que en estas labores pueden colaborar otras administraciones, entidades y voluntarios coordinados en el marco de los Cecopi provinciales. Con el fin de cumplir los objetivos del protocolo, se han creado nueve grupos de acción y seguimiento, uno por provincia, integrados por el delegado territorial de la Junta, el subdelegado de Gobierno, el gerente territorial de Servicios Sociales, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, el responsable de los equipos Covid-19 en la provincia, un representante del equipo de desinfección, y otros servicios.