El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, denunció hoy otro caso de fraccionamiento de un contrato en la Concejalía de Cultura para evitar un concurso público, transparente y abierto a otras empresas de la ciudad, que se adjudicó a un familiar directo de Gina Aguiar, por lo que exigió su dimisión. Hace una semanas, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, le revocó las competencias de Cultura pero la mantuvo como concejala de Turismo.
Tal y como informa Ical, San Juan aseguró que “por credibilidad del gobierno e higiene democrática, no queda otra salida que la dimisión de Gina Aguiar”. La formación morada tenía la sospecha de que lo sucedido con el festival de cine no era la única irregularidad en la contratación de la Concejalía de Cultura. Un contrato con la asociación ‘Trípode Cultural’ que fue declarado “no ajustado a derecho” por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
“Ahora tenemos la certeza de que, efectivamente, no era un caso aislado”, al encontrar otro caso de fraccionamiento de un contrato para evitar un concurso público, transparente y abierto a otras empresas de la ciudad, para los servicios de asistencia técnica, en las áreas de sonido, audiovisuales, iluminación y maquinaria en el centro de creación La Cárcel.
Según explicó San Juan es un contrato adjudicado en el año 2017 mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que se invitó a tres empresas, y del que finalmente resultó adjudicatario un familiar directo de la que ha sido concejala de Cultura hasta hace pocas semanas, Gina Aguiar.
“Esta irregularidad se ha mantenido hasta la actualidad, encadenando dos o más contratos menores al año, cada uno de ellos siempre por debajo de los 15.000 euros máximos que fija la ley, pero que conjuntamente superan con creces este límite anual: en facturas de 2.722,5 euros mensuales, salvo el mes de agosto que La Cárcel permanece cerrada”, detalló el portavoz de la formación morada, por los que el técnico percibió un total de 29.947,5 euros en el 2019, y 24.502,5 euros en 2020, debido al cierre de la instalación por la pandemia.
Para este 2021 existe también un contrato menor adjudicado de forma directa de 13.500 euros sin IVA que abarca los meses de enero a julio y que, previsiblemente, «se pretendía completar con otro contrato de septiembre a diciembre, sin control previo y volviendo a superar el límite de 15.000 euros», especificó.
Para Guillermo San Juan, más allá de que la persona contratada sea un familiar directo de Aguiar, la irregularidad en el procedimiento es evidente porque la ley establece que, para utilizar la figura del contrato menor y adjudicar de forma directa la prestación de servicios, tiene que ser una necesidad puntual y siempre por debajo de los 15.000 euros anuales y en este caso, es una necesidad estable y permanente desde el año 2017, y sumando los importes de cada contrato menor se supera con creces el límite legal. “No hay por donde cogerlo”, señaló.
Para la formación morada esta irregularidad es, además, “injusta” para el resto de empresas, que no han podido optar a estos trabajos y contribuye a mantener la precariedad entre los técnicos segovianos, ya que se podría haber convocado una plaza municipal para cubrir este servicio, lo que, en su opinión, “hubiera supuesto mejores condiciones laborales y, además, hubiera sido más barato para los contribuyentes.
Guillermo San Juan declaró que estamos ante “un nuevo caso de división de contratos en importes más pequeños para sortear la ley, exactamente igual que con el festival de cine”, lo que echa por tierra la defensa del gobierno de Luquero de que, con Trípode, sólo se trataba de un error administrativo.
“El gobierno de Luquero no tiene otra opción: Aguiar debe dimitir sí o sí, y sí o sí se tiene que hacer una auditoría de los contratos menores de la Concejalía de Cultura para poner orden y hacer tabula rasa en esta nueva etapa”, advirtió.
