La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León volvió a salir a la calle el domingo en León y Valladolid, donde habían convocado diferentes caravanas en defensa de este colectivo, para denunciar el abuso de la temporalidad en su contratación y exigir plazas fijas.
En Valladolid la marcha en coche salió, a las 11.00 horas, de la Feria de Muestras, donde también finalizó tras recorrer el centro de la ciudad con la reivindicación de sus bocinas de los automóviles. En León, dos empleadas avanzaron que se pondrán próximamente en huelga de hambre ante “alguna administración de la ciudad, como la delegación territorial de la Junta u otro edificio público” para denunciar su situación “de fraude de ley” y hacer que “se cumpla la normativa que marca Europa”.
Como ya hicieron hace apenas un mes, los trabajadores públicos temporales subrayaron que se sienten “totalmente desprotegidos por parte del Gobierno y de las Administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva Europea 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España”.
“Europa obliga a las administraciones para que cumplan esa normativa”, mientras que “las administraciones, unidas a algunos sindicatos, hacen caso omiso”, denunció en declaraciones a Ical César Sierra, uno de los participantes en una nueva caravana celebrada en León.
“Nuestras propuestas están en las mesas del Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos y en muchos de nuestros ayuntamientos y diputaciones; las conocen ya todos los políticos españoles. Todos los grupos políticos nos entienden, están de acuerdo con nosotros desde Izquierda Unida, Podemos y partidos independentistas, pasando por PSOE y Ciudadanos y terminando en PP y Vox», explican los convocantes, antes de advertir que “Bruselas se ha puesto seria y amenaza a España con paralizar los fondos europeos si no termina con la alta temporalidad en el sector público, y que cumpla la normativa comunitaria que prohíbe este tipo de prácticas laborales”.
