De mantenerse las actuales ofertas de empleo de la Escala Básica, que en los últimas dos convocatorias han rodando las 150 plazas, la Policía Nacional verá reducida en los próximos tres años su plantilla en Castilla y León en casi medio millar de agentes, casi un 17 por ciento, hasta los 2.500 efectivos, según las estimaciones de los principales sindicatos policiales.
El secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jesús Vicente, asegura que de esta reducción de plantilla ya se están resintiendo los servicios de seguridad que se prestan en ciudades como Valladolid y Salamanca, y advierte de que la situación puede ser “insostenible” en los próximos años si se mantiene esta tendencia.
El complicado futuro que se le presenta a la Policía en la Comunidad también es compartido por los máximos responsables regionales de la Confederación Española de Policía (CEP), Félix Ruiz, y de la Unión Federal de Policía (UFP), María Luisa Árias, que aunque son más optimistas sobre la actual situación, critican el envejecimiento que va a sufrir la plantilla y coinciden en la necesidad de unificar dependencias en provincias como Valladolid y Salamanca.
En el caso de Valladolid, los tres sindicatos coinciden en señalar que no resulta operativo tener tantas dependencias policiales abiertas -comisarias de Delicias, Las Eras y Parquesol, oficinas de la calle Fray Luis de Granada (San Pablo), Jefatura Superior de Castilla y León- y proponen una unificación y la puesta en marcha de un centro único con el objetivo de reducir el número de agentes que se dedican a la seguridad estática de los edificios, además de alguna oficina para la tramitación del DNI.
En el caso de Salamanca desde el SUP también se plantea el cierre de la comisaría de la ronda Sancti Spiritu y su traslado a las dependencias policías de la calle jardín. “Con este tipo de medidas se ganaría en eficacia, se podrían destinar más agentes a la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, el Ministerio del Interior se podría ahorrar miles de euros”, afirmó Jesús Vicente.
Mientras Félix Ruiz criticó la desaparición de la segunda actividad con destino para los agentes de más de 58 años, María Luisa Arias aseguró que el Gobierno, a la hora de llevar a cabo los recortes, no está teniendo en cuenta que el “policía no es un funcionario al uso. Nosotros trabajamos las 24 horas del día y los 365 días del año con un componente de riesgo que no tienen otros trabajadores de la Administración. No es justo que nos hayan metido en el mismo saco que todos”, afirmó.
Provincias
Por provincias, según los datos facilitados por CEP correspondientes al pasado mes de octubre, Valladolid aglutina más del 28 por ciento de los agentes destinados en Castilla y León, con 822 efectivos, repartidos entre las distintas dependencias de Valladolid y la comisaria de Medina del Campo, por delante de León con 560 (19,1 por ciento), que desempeñan sus funciones en las comisarias de la capital, San Andrés de Rabanedo, Astorga y Ponferrada. En la provincia de Burgos, donde además de en la capital también hay comisarías en Miranda de Ebro y Aranda de Duero, la plantilla ronda los 400 agentes, mientras que los 320 agentes destinados en la provincia de Salamanca se reparten entre las comisarías de la capital, de Béjar y del puesto fronterizo de Fuentes de Oñoro.
Soria, con 120 efectivos, es la provincia con menos agentes, seguida de Ávila (150) y Zamora (177), donde además de en la capital también hay una comisaría en el puesto fronterizo de Alcañices. En Palencia trabajan 177 efectivos, y 203 en Segovia.
Nueva Ley de Seguridad
Por otra parte, sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está tramitando el Gobierno, los representantes aseguran que habrá que conocer el texto definitivo y el posterior reglamento que desarrollará la nueva normativa. De todas formas, desde el SUP se critica que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta la opinión de los sindicatos policiales, a los que ha mantenido al margen en la elaboración del proyecto de ley, mientras que Félix Ruiz aseguró que, la posibilidad de que empresas de seguridad privadas puedan patrullar por la calle y realizar detenciones puede ser contraria al artículo 104 de la Constitución.